La Policía Nacional ha embargado 24 coches de alta gama, entre ellos cuatro Ferrari y varios modelos de Jaguar registrados a nombre de una empresa vinculada al chiringuito financiero Madeira Invest, cuyo cabecilla, Álvaro Romillo, entregó 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga la presunta estafa piramidal con criptomonedas de Madeira Invest, ordenó el embargo a instancias del bufete Zaballos Abogados, que representa a numerosos afectados, después de que dos colaboradores de Romillo intentaran llevarse los vehículos.
Entre los vehículos se encuentran un Ferrari Testarossa; un Ferrari 430 Scuderia; un Ferrari 365 GTC 4; un Ferrari F 131; un Mercedes-Benz S 650 Maybach; un Ford Mustang y distintos modelos de Jaguar, Porsche, BMW y otros coches singulares de alto valor económico.
Calama ha requerido a los investigados para que "aseguren y no enajenen" dichos vehículos, que nadie podrá adquirir, ya que se han decomisado y se han inscrito en el registro de bienes muebles.
La Policía Nacional procederá ahora a realizar un informe sobre cada uno de los vehículos y a precintarlos.
En octubre, el juez ya pidió el embargo de varias fincas propiedad de los cabecillas de la estafa piramidal de Madeira Invest, así como el nombramiento de un administrador judicial para todas las sociedades denunciadas.
El titular del juzgado central de instrucción nº 4 solicitó el embargo de varias fincas situadas en Illescas (Toledo), Collado de la Vera (Cáceres), Boadilla del Monte (Madrid), Alicante y El Espinar (Segovia).
Se trata de la causa que investiga una serie de denuncias -de la asociación de consumidores Ances, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas- por una supuesta estafa piramidal contra la plataforma de inversiones Madeira Invest, cuyo cabecilla, Alvaro Romillo, entregó 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez.
Calama considera que se trata de un entramado delictivo de múltiples sociedades instrumentales y conexiones internacionales, con domicilios en Portugal, Estados Unidos, República Dominicana, Estonia y Albania, cuya instrucción requerirá previsiblemente comisiones rogatorias internacionales.
El juez aprecia hechos que pueden ser constitutivos de un delito de estafa, con un perjuicio denunciado por las acusaciones que supera los 11 millones de euros pero que podría superar los 300, y un número de afectados que ronda los 30.000.
El fundador de Madeira Invest, Álvaro Morillo, conocido en redes sociales como "CriptoSpain", se anunciaba como experto en elusión fiscal, y con este argumento intentó convencer a cerca de 30.000 personas para que accedieran a su club privado de inversión, que ofrecía altísimos rendimientos, de más del 50 %, a través de inversiones en relojes, coches de lujo o inmuebles.
Calama desestimó el pasado 16 de octubre en una providencia la pretensión de las sociedades ElusiónLegal y EluLegal de acusar de fraude fiscal a algunos de los afectados por el fraude Madeira Invest, descartando así que se vaya a trasladar a la Agencia Tributaria información alguna.
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