El equipo de Gobierno no logró este miércoles la unanimidad de todos los grupos para la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que salió adelante tan sólo con los votos de PP y PA y con la negativa de IU; el PSOE de abstuvo. Ambas formaciones defendieron que el plan “nace cojo, sin participación”, según dijo la portavoz de IU, Francisca González. Añadió después Teresa Valdenebro, del PSOE, que “el debate debería haber estado más presente, pero ustedes, una vez más, prefieren el debate a toro pasado, y nos piden que aprobemos algo que no ha sido consensuado”.
El proyecto que, sin dudas, originó un mayor desencuentro fue el polémico Centro de Recepción de Visitantes previsto para el entorno del Castillo: “Han metido el proyecto con calzador. Es aberrante ver cómo permitirán que se actúe en el entorno de un Bien de Interés Cultural e incluso en el propio BIC, incumpliendo leyes y transformando calles y zonas históricas. Impugnaremos el plan por este proyecto”, defendió Paqui González, tras advertir que el PGOU debe hacer prevalecer el interés general sobre determinados intereses privados y volviendo a alertar de que “este centro, que en realidad es un centro comercial, hará que el Centro Comercial Abierto vea su fin”, concluyó. “Deberían haber tenido en cuenta a los técnicos municipales. Hay un informe, por ejemplo, del servicio de arqueología, que dice que no hay por dónde coger este proyecto”, defendió Teresa Valdenebro. Daniel Harillo, el concejal de Obras, no fue menos tajante en su respuesta: “Si creen que hay algún interés personal o particular, váyanse a los juzgados”, espetó especialmente a IU, argumentando a la formación de izquierdas que “es penoso que por dos proyectos digan no a 25 años de futuro”.
La alcaldesa añadió a este respecto que “tenemos que avanzar. Todas las ciudades históricas han mezclado proyectos novedosos con su patrimonio, y eso haremos en Ronda, porque no queremos quedarnos como estamos”, concluyó Mari Paz Fernández.
Una vez cumplido este trámite, ahora se abre un plazo de exposición púlblica de tres meses para que se puedan presentar las alegaciones que los ciudadanos, profesionales o colectivos estimen oportunas sobre este documento de planeamiento urbanístico, que según las previsiones iniciales tendrá una vigencia de más de veinte años.
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