El Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva ha citado a declarar como investigado al alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández (UPU), tras la denuncia querella presentada por el PSOE local por presunta prevaricación, malversación y continuidad delictiva en la venta de parte del suelo considerado patrimonio municipal.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado fija para el 24 de noviembre a las 10:00 horas la comparecencia del regidor y asimismo, libra oficio al Ayuntamiento de Punta Umbría para que remita una serie de expedientes relacionados con esta operación.
Fue el pasado mes de mayo cuando el grupo municipal socialista presentó una demanda contencioso-administrativa contra el acuerdo del pleno del 25 de marzo por el que se aprobaba la convocatoria de venta del SAPU 5, así como una querella por lo penal contra Hernández Cansino, por dichos delitos.
Basaba la denuncia de que el SAPU 5 es considerado Patrimonio Municipal del Suelo, por lo que para poder venderlo debe de cumplirse el artículo 129 de la Ley de Sostenibilidad de Andalucía que dice que dichas parcelas se tienen que destinar a la construcción de viviendas protegidas y, excepcionalmente, a otro tipo de vivienda o a usos declarados de interés social.
Los socialistas consideraban que el SAPU 5, tal cual se aprobó en el pleno del 25 de marzo, no solo no contempla bajo ningún concepto la construcción o la realización de vivienda protegida, ni tampoco se había pedido la excepcionalidad, sino que el destino es para hoteles, apartamentos turísticos, uso comercial y vivienda unifamiliar considerada chalet o viviendas de lujo.
En segundo lugar, el PSOE ha afirmado que en este asunto se aprecia un manifiesto fraude de ley bajo la subsanación de errores, en relación con el hecho de que en diciembre de 2023 se elaboró un informe de valoración del SAPU 5 por un arquitecto ajeno al Ayuntamiento de Punta Umbría por un valor de 18,7 millones de euros.
El 7 de febrero de 2024, la oposición en bloque votó en contra de la venta del SAPU 5 alegando que se vendía muy por debajo del precio real de mercado. Y, en concreto, el PP reclamaba que no se vendiera por menos de 38 millones de euros.
Pero, el 19 de marzo, por una providencia de la Alcaldía, se requirió al arquitecto que redactó el informe de valoración en diciembre, que emitiese otro que recogiese un nuevo importe para dar respuesta a la petición del PP, tras el pacto alcanzado con el alcalde, y se tasó en 20,3 millones de euros, aprobado posteriormente en el plano del 25 de marzo.
Es por ello que desde el PSOE ha señalado que el alcalde "está vulnerando la ley y, por tanto, no se trata de una equivocación, sino de una nueva valoración que desde el Ayuntamiento la quieren vender como un error aritmético".
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