La ministra, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, pidió igualmente esperar el dictamen sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo.
El alto tribunal, en su cuestión, estima que esa obligación de destinar parte de sus ingresos al cine español y europeo atenta contra la libertad de empresa, toda vez que restringe la capacidad de las cadenas para decidir sobre el fin de sus ganancias.
Ante ello, González-Sinde manifestó que conviene pensar que “el cine es una forma de expresión artística y una industria que genera empleo”.
En suma, apostilló, “una industria cultural prioritaria en la estrategia de cualquier país”.
Por estas razones, la ministra de Cultura defendió dicho precepto de la Ley Audiovisual de 1999 –también contenido en la nueva que aprobó el Gobierno del PSOE–, ya que las televisiones, en su obligación como servicio público, han de intervenir en la financiación de la cultura y del patrimonio.
Reacciones
El presidente de la Federación de Productores Audiovisuales (Fapae), Pedro Pérez, confía en que el Tribunal Constitucional dará validez a la ley, una norma que, según dice, “no favorece a unos en contra de otros”.
Pedro Pérez, en declaraciones a Efe, considera que la Unión Europea ya respaldó en su día esta normativa española que obliga a las televisiones a invertir un 5% de sus ingresos en el cine.
Los productores se adhieren al voto particular recogido en el auto de uno de los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo porque “creemos que la norma es constitucional, que hay un interés general en favor de la cinematografía”, que tiene en la televisión “su primera ventana”, según Pérez.
Por su parte, el presidente de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca), Alejandro Echevarría, tiene “confianza” en que el TC finalmente echará para atrás esta ley, algo que será “una derrota en toda línea para aquellos que han hecho de esta materia un negocio particular” y que “lo único que quieren es llenarse sus bolsillos particulares sin importarles ni el cine español, ni su éxito, ni siquiera que las películas se estrenen o no”.
En su opinión, lo que el cine español “necesita” no es recibir fondos por vías como esta imposición legislativa, sino “cambiar el producto que hace para que empiece a tener una aceptación mayoritaria del público y no como ahora, que tiene un rechazo”.
En la cuestión de inconstitucional el Tribunal Supremo ha dejado claro -aunque con el voto en contra de un magistrado- que esta legislación española no responde a una normativa comunitaria “como han dicho mucho y siguen diciendo” quienes “mienten” sobre este asunto, según ha explicado a Efe el secretario general de UTECA, Jorge del Corral.
Del Corral ha subrayado también que “contra toda lógica” la legislación actual no deja a las televisiones “invertir libremente en la película que quieran y en las cantidades que quieran”, con lo que “al final, con todas estas estratagemas, no es una inversión, es un gasto”.
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