La Junta ha sido capaz de poner de acuerdo a los representantes de los docentes de la escuela pública y la enseñanza concertada. Tanto uno como otros cuestionan la existencia de recursos para la apertura de los centros el 10 de septiembre y lamentan la falta de concreción en las instrucciones publicadas el 6 de julio.
Las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación, integrada por CSIF, ANPE, CCOO, UGT y Ustea, han solicitado una reunión urgente a la viceconsejera de Educación, María del Carmen Castillo Mena, para pedir explicaciones sobre la disminución de plazas de Primaria en el proceso de colocación de maestros respecto al pasado curso escolar y, cuestión que está previsto abordarse en la Mesa de la Enseñanza Concertada esta semana, expresar el rechazo al peso depositado en los equipos directivos para la elaboración del protocolo de vuelta a las aulas.
Manuel Holgado, presidente provincial de Escuelas Católicas en Cádiz, remarca que “los docentes y los equipos directivos no somos técnicos” en prevención de contagios y advierte de la dificultad de llevar a cabo las medidas contenidas en las instrucciones de la Consejería de Educación que, por otra parte, son demasiado generales.
La Junta plantea cuestiones como la posibilidad de flexibilizar los horarios de entrada y salida en una hora, pero sin que esto suponga un recorte o una ampliación de la jornada lectiva, “algo que afecta a la organización del profesorado o la conciliación y a servicios como aula matinal o comedor, que habrán de adaptarse por cuenta del centro”.
“La Junta quiere que cuadremos un círculo”, asegura, y vaticina serias dificultades para cumplir con la limitación al máximo de los contactos interpersonales, tratando de que el número de profesorado que imparte docencia en cada grupo-clase o grupo de convivencia escolar sea el menor posible y evitando los desplazamientos del alumnado por las instalaciones, así por la ratio.
Las instrucciones también plantean que en los tiempos de recreo o descanso se reducirá el contacto con otros grupos de convivencia escolar y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar. “No todos los centros tienen el mismo espacio” y, además, el texto también establece la obligatoriedad de mascarillas a partir de Secundaria pero es anterior a la obligatoriedad para todos los mayores de 6 años tanto en espacios públicos como cerrados.
“Hay demasiadas dudas, en definitiva -agrega Holgado-, y poco tiempo”. Por ello, como demandan los sindicatos de la escuela pública, ve necesario un debate participativo con la Consejería de Educación para el regreso seguro en septiembre.
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