El reciente informe de la Intervención Provincial de la Diputación, que cuestionó las subvenciones gestionadas por la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) por importe de 3,5 millones de euros entre los años 2017 y 2019, coincide en sus conclusiones con el análisis realizado por el Observatorio Económico de Andalucía (OEA) de la concertación social en la región impulsada por los gobiernos autonómicos socialistas entre 1993 y 2013. “La experiencia se ha caracterizado por la ausencia de fiscalización y evaluación de sus contenidos”, apunta la organización en el libro 25 años de análisis, debates y propuestas, de 2015.
El espíritu de los acuerdos entre la institución provincial, CEC, cámaras de comercio y sindicatos, firmados por primera vez por Francisco González Cabaña en 2007 y renovados hasta hoy, se inspiran en el modelo puesto en marcha en la cuarta legislatura andaluza. Entonces, según el OEA, el PSOE ideó esta fórmula como respuesta a la pretensión de PP e IU de “gobernar desde el Parlamento” tras las elecciones de 1994, para “complementar la insuficiente legitimación política de un Gobierno en minoría con la legitimación social derivada del apoyo a sus iniciativas por parte de los agentes económicos y sociales”.
“Esta concertación se venía traduciendo en la suscripción de un documento por parte del Gobierno regional, la patronal CEA y los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, en el cual se plasmaban las directrices de política económica en la comunidad y, a veces, algunos planes en concreto que, de esa forma, conseguían un aval de estos agentes empresariales y sociales”.
A cambio, agrega la entidad en la citada publicación, “estos agentes recibían fondos públicos para sus actividades formativas, en un ejercicio nada transparente que, muchos años después, daría lugar a denuncias que llegarían a los juzgados, cuyas investigaciones cuestionarían profundamente la política de formación de trabajadores y desempleados a través de organizaciones empresariales y sindicales y, de paso, la política de concertación en Andalucía”.
La concertación social en el ámbito provincial ha reproducido estos mismos errores. La Intervención Provincial alertó de la dificultad de hacer un seguimiento de los fondos públicos por la maraña de convenios y adendas; consideró innecesario dar dinero a la CEC para que lo distribuya por medio de convocatoria de subvenciones sin la debida publicidad, dado que eso lo puede hacer directamente Diputación; se opuso al pago por adelantado de las ayudas, algo que se hacía habitualmente porque la CEC no tenía capacidad económica para ejecutar los programas financiados; y cuestionó el procedimiento para seleccionar a los beneficiarios de acciones formativas y que no se valoren sus utilidades.
“Si hay alguna irregularidad, tendría que investigar la Cámara de Cuentas”, afirma José Blas Fernandez, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Andalucía, quien lamenta “la falta de seriedad” y cuestiona que la institución provincial destine fondos a la concertación social por razones competenciales. El Estatuto de Autonomía de 2007 consagra este instrumento como uno de los objetivos básicos de la comunidad autónoma, pero las diputaciones no están obligadas a usarlo. “Y si lo hacen, que se centren en fomentar el empleo en los municipios de menos de 20.000 habitantes”, plantea.
Por el contrario, Luis Ángel Hierro, profesor de Economía Pública de la Universidad de Sevilla y vocal del Consejo Económico y Social de Andalucía, defiende el instrumento, también a nivel provincial, y remarca que se trata de una cuestión de “voluntad política” y una “herramienta útil”. “Fija marcos de cooperación y crea un sistema de entendimiento. Un escenario institucionalista es fundamental”, especialmente, agrega, “si las cosas van mal. Lo demás es la ley de la selva”.
José Ruiz Navarro, catedrático Emérito de Organización de Empresas en la Universidad de Cádiz (UCA), advierte, sin embargo, de que “la asignación de fondos públicos “debe servir para generar confianza mutua y hacer más eficiente el ecosistema”.
Las entidades que presiden Javier Sánchez Rojas, CEC y cámaras de comercio de Cádiz, Jerez y Campo de Gibraltar recibirán al menos 1,5 millones de euros hasta 2022, mientras que CCOO y UGT percibirán únicamente 90.000 euros cada sindicato. Si bien es cierto que tanto el Acuerdo Marco para la Activación y Dinamización Empresarial y Sindical DipuActiva 2020-2022 y el Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Empleo de la Diputación de Cádiz y el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) destinan partidas a otras entidades y organizaciones, también lo es que las cantidades son testimoniales: desde 37.500 euros a Cruz Roja, a 45.000 para la Asociación de Trabajadores Autónomos o 100.000 para la UCA.
La concertación no debe servir “para buscar el rédito de cada organización, sino para encontrar los intereses comunes; antes de repartir recursos hay que llegar a diagnósticos compartidos”, subraya Ruiz Navarro. Y apela a las difíciles circunstancias ante las que se encuentra la provincia para reorientar las políticas públicas. “Cádiz no ha sido de los territorios más castigados por los efectos de la pandemia, pero puede ser uno de los que más sufra sus consecuencias económicas”, advierte.
Señala las consideraciones realizadas por el consorcio internacional de investigación sin ánimo de lucro Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Andalucía, que dirige, incluidas en el documento Situación del emprendimiento en Cádiz ante la crisis del Covid-19. El informe concluye que la especialización sectorial y el peso del turismo y de las actividades comerciales relacionadas con el consumo final junto con su menor densidad y tamaño empresarial harán pasar factura a Cádiz: Alemania tiene cuatro empresas de 100 empleados o más por cada 10.000 habitantes; España, 2,63; Andalucía, 1,54; la provincia, finalmente, 1,13. Entre las recomendaciones que aporta, apunta la “necesidad de hacer crecer a las empresas insuflando capacidades emprendedoras” y modernizar las políticas económicas con inversiones en infraestructuras sanitarias, las relacionadas con el cambio climático y los recursos endógenos de la provincia. Ruiz Navarro plantea “identificar y explotar oportunidades empleando la inteligencia colaborativa”. “No parece que se esté haciendo así -explica- cuando se recortan los presupuestos a las universidades y estas no aparecen en el convenio firmado por Junta y Cámaras de Comercio para promover empresas tecnológicas”.
Finalmente, considera de capital importancia establecer mecanismos de control y de evaluación del uso de los fondos públicos. “No basta con dar dinero, es preciso una estrategia compartida, en la que todos sumemos y cree una red de complicidades entre administraciones, empresas, organizaciones sin ánimo de lucri y universidad”, resume.
Hay que aprender la lección y evitar fórmular fracasadas. “Las consecuencias de las dos décadas largas de concertación social en Andalucía han sido importantes, aunque en modo alguno ha servido para impulsar la creación de empleo y el desarrollo económico en la región”, advierte el OEA, pese a que solo entre 2009 y 2013 se destinaron casi 20.000 millones de euros, sumando fondos europeos, diez veces más que en el primer pacto por el empleo y desarrollo económico de Andalucía, desarrollado en los años 1997 y 1998.
Sobre “la inoperancia” de este modelo “para cambiar y fortalecer las estructuras económicas”, abundó Marcial Sánchez Mosquera, profesor de Historia e Instituciones Económicas, en el ensayo La concertación social en Andalucía, 1993-2013. Balance económico y discusión sobre el modelo regional, publicado en el número 126, en 2014, de Temas Laborales, quien alude a que, entre 2008 y 2013 y entre otros indicadores, “el comportamiento del tejido empresarial andaluz es uno de los peores de España” y que “las diferencias entre las tasas de desempleo de la región y las del conjunto del Estado han radicado en una serie de factores que han permanecido inalterados durante todo el periodo autonómico. Situación no corregida por los acuerdos sociales”.
Además, plantea varias objeciones, entre ellas “la excesiva dependencia política e institucional de las organizaciones sociales participantes”, en referencia a la CEA, CCOO y UGT, y advierte de que “la financiación e influencia política obtenidas no se han correspondido, en igual término, con una extensión de su afiliación provocando una hipertrofia organizativa y burocrática absolutamente dependiente de la participación en actividades sufragadas con fondos públicos”. En la línea de lo anotado por el OEA, apunta asimismo que “los pactos autonómicos han carecido con frecuencia de un adecuado diagnóstico inicial y de mecanismos oportunos de seguimiento y evaluación”.
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