"Los problemas en la provincia de Cádiz de 2015 siguen estando en 2018". Así lo ha afirmado este martes la parlamentaria andaluza de Izquierda Unida, Inmaculada Nieto, tras una reunión entre varios alcaldes y concejales del partido de la provincia para abordar varios asuntos de cara a las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre. También hicieron un balance de la última legislatura que les sirvió para comprobar los fallos cometidos por la Junta. Para Nieto, estos errores "que afectan de lleno a la provincia de Cádiz" van desde las ayudas de vivienda, con grandes retrasos en sus pagos, hasta las carencias en la Sanidad Pública. Y es que, según Fernando Macías, coordinador provincial del partido, "la Junta de Andalucía debe 98 millones de euros a los ayuntamientos gaditanos".
En nuestra provincia ya hay más desahucios de personas que no pueden afrontar el pago de su alquiler que desahucios hipotecarios"El Gobierno de Susana Díaz se caracteriza por generar muchas expectativas y hacer anuncios muy rimbombantes en prensa", apunta Nieto. Para ejemplificar esta afirmación, la parlamentaria recurrió a dos puntos. En primer lugar la Renta Mínima de Inserción, aprobada en diciembre, que vendría a beneficiar a más de 4.000 familias y que se abonaría como muy tarde en un plazo de dos meses. Sin embargo, "hasta el mes de septiembre no ha comenzado la Junta a resolver algunas de las solicitudes que le han llegado de toda Andalucía". El segundo tema destacado fue el de vivienda, donde la Junta "aún no terminado de pagar las ayudas ni de 2015, ni de 2016 y mucho menos las de 2017. En 2018 ni siquiera ha habido convocatoria". Según indica Nieto, “en nuestra provincia ya hay más desahucios de personas que no pueden afrontar el pago de su alquiler que desahucios hipotecarios”. De esta forma, el pasado año fueron 682 las familias gaditanas desahuciadas por no poder pagar el alquiler.
Respecto al tema laboral, Nieto señala que en la provincia se han vivido situaciones “inaceptables” provocadas por la Junta como los conflictos de la limpieza hospitalaria, que han sufrido un recorte del 15%, así como mantenimiento de hospitales, monitoras escolares, ayuda a domicilio o ayuda de carretera. Asimismo, desde Izquierda Unida apuntan que el Ejecutivo andaluz “ha mirado hacia otro lado” en cuanto a las inspecciones de trabajo. “En Cádiz se han dado las altas de una manera que vulnera flagrantemente la ley”.
En cuanto a la sanidad pública, apuntan que “las propuestas puestas sobre la mesa desde la plataforma siguen sin solución”. En la provincia “sigue habiendo una atención primaria muy debilitada, que colapsa las urgencias en nuestros hospitales, hay equipamientos terminados pero cerrados al público y sigue estando Pascual como el primer operador sanitario de la provincia”. Finalmente, hicieron mención a las famosas ITI, vendidas como “una lluvia de millones” por la Junta y el Gobierno central pero que siguen sin respuestas sobre las cifras de creación de empleo “porque la Junta este tema no lo tiene trabajado”.
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