El pasado 9 de agosto se viralizaron las imágenes captadas por los bañistas de La Barrosa, en Chiclana, de la llegada de una narcolancha a la playa en torno a las 20.30 horas. Sus ocupantes se dieron a la fuga en dirección al paseo marítimo. Este episodio es cada vez más frecuente en la costa gaditana. La Fiscalía General del Estado ha alertado de la “proliferación escandalosa” de este tipo de embarcaciones y Ana Villagómez advierte en la memoria de la Fiscalía Antidroga en Cádiz, de la que es titular, que los agentes del servicio de Vigilancia Aduanera registraron más de 400 durante el pasado año en el litoral de la provincia.
Las narcolanchas, remarca, son el medio más utilizado actualmente para la introducción de sustancias estupefacientes en territorio nacional. “Estamos a catorce kilómetros de Marruecos; con una embarcación semirrígida, el Estrecho de Gibraltar se transita en una hora”, explica en una entrevista en ‘La Orilla’, el programa que dirige y presenta Pedro Espinosa en 7TV.
Cada narcolancha, prosigue, puede cargar hasta 3.000 kilos de droga, que “pueden descargar en cualquier sitio de la costa. “Son difíciles de detener”, admite.
Una vez localizadas, “se les acosa, se trata de que se queden sin combustible”, pero llevan motores de 300 o 400 caballos, “es complidado de frenar”, indica, dado el riesgo que comporta para los funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. No en vano, dos guardias civiles perdieron la vida en Barbate en febrero.
Hace falta que los agentes dispongan de embarcaciones de características técnicas superiores, apunta, y también considera necesario contar con más recursos humanos.
En este sentido, indica que la desarticulación de OCON-Sur ha hecho que las organizaciones criminales opten por las narcolanchas y hayan ampliado los espacios de desembarcos de alijos desde Huelva a Málaga, con presencia destacada en la desembocadura del Guadalquivir, Chiclana y el Campo de Gibraltar.
Asimismo, señala que las narcolanchas son utilizadas para el transporte de gasolina, actividad ilícita que, a la espera de la reforma del Código Penal, solo es sancionada con multa. No obstante, la Fiscalía, añade, trata de encajar el delito en otro tipo para que pueda ser condenado con entre cinco y siete años y medio de presión.
Respecto a la normativa, reclama, también, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la unificación de partidos judiciales para que la fiscalía lidere las investigaciones y agilice la administración de justicia para evitar que prescriban causas y alerta de la fuga de jueges y funcionarios en los juzgados saturados. “No tiene sentido juzgar una operación diez años después”, concluye.
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