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Sábado 28/05/2022  

Provincia de Cádiz

El Gobierno enfila a los últimos ‘hombres buenos’

La reforma judicial prevé la desaparición de los jueces de paz. En Andalucía hay 686 y solo en 2018 resolvieron 161.788 asuntos civiles y otros 129.485 penales

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  • El juez de paz de Cantillana, Antonio Orellana, en su mesa de trabajo, donde se sienta cada mañana desde hace 32 años.

Antonio Orellana acude puntualmente, cada mañana, al juzgado de paz de Cantillana desde hace 32 años, cuando fue designado por primera vez por la Corporación municipal. Pero es habitual que, de camino, alguien le aborde para plantearle sus cuitas. Orellana, industrial, sin formación específica en derecho, es un hombre bueno (como tradicionalmente se han referido a estas figuras del ordenamiento jurídico con casi dos siglos de antigüedad), que ha contado en estas tres décadas con el apoyo casi unánime de los concejales, avalado por sus éxitos: en no pocas ocasiones ha conseguido que dos vecinos enemistados solucionen su pleito de palabra, con un abrazo.

Con él, los 686 jueces de paz que hay en la comunidad, uno en cada municipio que no cuente con juzgados de primera instancia, resolvieron 161.788 asuntos civiles en 2018, última referencia en el Instituto Nacional de Estadística (INE), y otros 129.485 penales.

La labor que hacen, especialmente en el registro de nacimientos y defunciones o la resolución de conflictos mediante conciliación, es muy valiosa y valorada en la Andalucía rural y el coste es mínimo. “Nos pagan una miseria”, dice Orellana, muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, y los secretarios son personal municipal o habilitado nacional, según si tiene menos o más de 7.000 habitantes. “No entiendo por qué entonces el Gobierno nos quiere hacer desaparecer”, admite.

Efectivamente, el anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia, aprobado el 20 de abril en el Consejo de Ministros, contempla la sustitución de esta figura por oficinas de justicia.

“Hay prevista una inversión de nueve millones de euros para la modernización del servicio”, advierte Francisco Lasheras, presidente de la Asociación Democrática de Juzgados de Paz, quien reconoce que es muy complicado frenar en esta ocasión las intención del Ejecutivo.

El colectivo se apuntó dos importantes victorias en este sentido, porque la figura del juez lego ha estado amenazada desde hace casi dos décadas. Los primeros en plantearlo fueron Ángel Acebes y José María Michavila, ministros de José María Aznar en su segunda legislatura. La movilización surtió efecto.

En 2013 el colectivo se enfrentó nuevamente a una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta, impulsada por Alberto Ruiz Gallardón, en la misma línea. La asociación que dirige Lasheras fue capaz de reunir entonces más de 17.000 firmas, suficientes para que el Gobierno diera marcha atrás en sus pretensiones.

Si bien es cierto que en las batallas contra los gobiernos de turno, los jueces de paz perdieron competencias. En la última, dejaron de resolver los juicios de falta y se quedaron únicamente con la resolución de juicios civiles de hasta 90 euros. 

Lasheras lamenta que ahora se les quiera dar el golpe de gracia. “Es una trampa para los ayuntamientos”, advierte. También existe un riesgo cierto de privatizar el registro civil. “Somos la justicia cercana”, añade, cuyo éxito se basa en el conocimiento de la localidad y sus vecinos y en tener tiempo. “El perfil ideal es el de una persona mayor, jubilada”, sostiene. Y apunta que, es casi mejor que quien desempeñe estas funciones no tenga la carrera de Derecho aunque sí, lógicamente, nociones.

Antonio Orellana tiene claro, en cualquier caso, que antes de nada, cuando le llega un asunto a sus manos, debe determinar si es de su competencia o no, en cuyo caso le da traslado al juzgado de primera instancia. El más próximo de Cantillana está a 30 kilómetros.

Y nunca ha cometido un error en ese sentido, hasta el punto de le han dedicado un libro en reconocimiento a su prolífica carrera. Ha tenido momentos duros, especialmente cuando ha afrontado el levantamiento de cadáveres y autopsias, pero también momentos dulces, como la mañana de Nochebuena en que resolvió una disputa de lindes en un santiamén. Recién estrenado un nuevo mandato de cuatro años, contrariado por el anteproyecto de ley, se muestra decidido a seguir sirviendo sus vecinos hasta que lo dejen. “Moriré con las botas puestas”, promete.

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