La Audiencia Nacional sostiene que el empresario imputado en la operación Pretoria L. C. podría tener unos 300.000 euros en Andorra que no habría declarado a Hacienda y cuya procedencia sería de “las ilícitas actividades empresariales a las que al parecer se dedica”.
Así se revela en el auto en el que la sección cuarta de la Sala de lo Penal rechaza el recurso del empresario contra la fianza de 500.000 euros impuesta por el juez Baltasar Garzón, que le imputó los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y otro de fraude fiscal el pasado 30 de octubre.
Así, afirma que “dispone de una importante cantidad cercana a los 300.000 euros fuera de España, concretamente en Andorra, que no ha sido declarada a Hacienda y que pudiera proceder de las ilícitas actividades empresariales a las que al parecer se dedica, a pesar de que el recurrente negó que tuviera dinero fuera de nuestro país”.
Sobre la fianza impuesta, la Sala indica que la “nada desdeñable expectativa de sustracción a la acción de la justicia” de L. C. supera el “indudable arraigo laboral” que ha alegado su defensa, y añade que la decisión de Garzón es “adecuada, cabal y ponderada”.
Todo ello, destaca la Sala, “habida cuenta de sus actividades económicas y su relación con personas que pudieran coadyuvar a su fuga, sin que pueda obviarse que se le imputa la posible perpetración de los cuatro delitos mencionados, castigados individualmente con penas privativas de libertad de hasta seis años”.
El pasado lunes, Garzón decretó libertad bajo fianza de un millón de euros para los ex altos cargos de los gobiernos de CIU en la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, quienes según el magistrado usaban sus contactos con organismos oficiales para facilitar los proyectos empresariales de L. C..
En otro orden de cosas, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado al ex alcalde de Valle de Gran Rey (La Gomera) y diputado regional de Coalición Canaria Esteban Bethencourt Gámez a cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por un delito de malversación de caudales públicos.
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