Si en 2008 España ocupaba el puesto 28 en el ránking de los países menos corruptos, en 2009 ha caído cuatro puestos y pasa al 32, en tanto que su puntuación ha bajado del 6,5 el pasado año al 6,1 en el último índice.
Continúa así, según explicó en la presentación del índice el presidente de TI-España, Jesús Lizcano, la tendencia registrada en los últimos cinco años, en los que se ha pasado del notable (7,1) de 2004 al 6,1 actual.
Para el patrono vitalicio de la Fundación Ortega y Gasset y miembro de TI-España, Antonio Garrigues, que España esté empeorando en términos de corrupción no debería sorprender a nadie.
A su juicio, la corrupción es “perfectamente controlable”, lo que hace falta es afrontar el problema y no resignarse.
Para ello, Antonio Garrigues pidió un pacto político y que exista voluntad por parte de los gobiernos para implantar sistemas que controlen la corrupción.
En la misma línea se ha manifestado el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria, para quien la clave está en un pacto que trabaje sobre todo en mecanismos de prevención.
“España tiene problemas en la fase preventiva, que es donde hay que incidir, al margen de seguir insistiendo en la fase represiva”, subrayó Villoria, tras recordar que el índice de TI se refiere a la percepción de este problema ya que la corrupción real es muy difícil medir.
Para Villoria, la percepción de la corrupción ha aumentado porque “ahora se investiga más, los mecanismos de lucha se han perfeccionado y se producen muchos escándalos”.
Escándalos que, según Garrigues, se van a seguir repitiendo. “Si alguien piensa que los casos conocidos son los últimos que se preparen porque vamos a vivir una larga época de descubrimientos”, ha añadido.
Preguntados por si en España es “rentable” para un político ser corrupto, Villoria ha opinado que en algún momento tal vez lo fue, pero ahora –dijo– empieza a ser menos rentable, mientras que Garrigues ha subrayado que es malo que el coste político para quienes se ven implicados en casos de corrupción no sea alto.
Para el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Villoria, sería bueno que España “entrara en el G-20 de los países menos corruptos del mundo”, porque este fenómeno no permite a los Estados crecer sostenidamente y con futuro, y lo peor es que “si no se ataca se expande”.
Por su parte, el director general de la Fundación Ortega y Gasset y miembro de TI, Jesús Sánchez Lambas, hizo una interpretación en positivo de los datos, porque a pesar de que la percepción de la corrupción ha aumentado también lo ha hecho la eficacia de los mecanismos de control y se ha creado “una cultura de lucha” contra este problema.
Sánchez Lambas añadió que vivimos una eclosión de casos de corrupción bastante generalizada que tienen una antigüedad de cuatro años como mínimo y que ahora salen a la luz gracias a la disminución de la tolerancia hacia esta lacra y a la mejora de los medios de represión del Estado.
A su juicio, sería necesario avanzar en este sentido y aprobar una ley de acceso a la información pública.
El Índice de Percepción de la Corrupción 2009, que se elabora a partir de sondeos a expertos y a empresas, clasifica a 180 territorios, entre los que Nueva Zelanda lidera el ránking (con un 9,4) y lo cierra Somalia (con un 1,1).
A la cola de este índice se sitúan, junto a este último país, Afganistán, Myanmar, Sudán o Irak, lo que demuestra la debilidad de los Estados fallidos, según Lizcano.
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