El origen del informe “Centros de Protección de Menores con Trastornos de Conducta y en situación de Dificultad Social” han sido las quejas de padres y denuncias de los educadores recibidas por el Defensor, Enrique Múgica.
Inicialmente, la investigación se centró en Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón y Valencia, pero a medida que se descubrió “una realidad extremadamente dura y compleja, cuyos graves problemas alcanzaban límites inesperados”, se amplió a todo el país.
La mayor parte de los recursos para la atención de menores con trastornos de conducta están gestionados por entidades privadas que mantienen conciertos con las administraciones públicas competentes.
En el momento de elaborarse el informe, 41 entidades privadas gestionaban 55 de los 58 centros existentes.
Según el Defensor, bajo la denominación de “medidas educativas creativas”, “medidas correctoras” u otras expresiones de cariz pedagógico, se están realizando prácticas contrarias a los derechos de los menores en muchos centros, como atar a dos menores uniéndolos por las muñecas, prohibirles la asistencia al centro escolar o la salida al patio durante una semana.
La mayoría de los centros hacen registros personales y de las habitaciones de los menores, pese a ser escasos los reglamentos de régimen interno que recojan dicha posibilidad.
En algunos supuestos, incluso, se realizan registros con desnudos integrales sin justificación bastante, ni comunicación al juez.
En las intervenciones en casos de crisis de los menores, la mayoría llevan a cabo contenciones físicas, contenciones mecánicas y medidas de aislamiento.
Pese a que las contenciones deben limitarse a momentos puntuales de agitación grave y en ningún caso deben usarse como sanción, en muchos “se realizan varias veces al día, y en ocasiones con una agresividad desproporcionada que puede provocar lesiones físicas a los menores”.
Además, en el 75% de los centros se suministra tratamiento farmacológico a los menores en casos de grave alteración y, aunque su administración debe ajustarse a un protocolo clínico previamente establecido, “no siempre se cumple este procedimiento”.
En más de la mitad de los centros se usan medidas de aislamiento y, aunque éstas solo deben aplicarse por razones terapéuticas y de seguridad para proteger al menor y al resto de personas, “en ocasiones se llevan a cabo como medida de sanción”.
El estado de conservación de las instalaciones, con algunas excepciones, es aceptable, aunque el mobiliario suele ser escaso y estar deteriorado.
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