El juez adopta esta decisión en un auto ante la posible conexión entre los delitos investigados en Valencia y las actuaciones del TSJM, y para evitar que prescriban los presuntos delitos electorales que resultan de los informes de la Agencia Tributaria, de la UDEF y de la Fiscalía, que apuntaban presuntas irregularidades en la financiación del PP de Valencia.
El magistrado, asumiendo la petición y el informe de la Fiscalía, ve en la actuación de algunos miembros de la Generalitat y del PP de Valencia indicios de delito electoral, contra la Hacienda Pública y de falsedad en documento mercantil durante los ejercicios de 2007 –fecha en que se celebraron las últimas elecciones locales y municipales– y 2008, además de cohecho y prevaricación.
A estos delitos añade los de blanqueo de capitales porque “su conexión” con los anteriores es “indiscutible” como lo es, también, el de asociación ilícita.
El juez apunta al ex secretario del PPCV Ricardo Costa, al vicepresidente Vicente Rambla y al diputado David Serra, además del ex tesorero del PP Luis Bárcenas y la administradora general del partido durante los citados comicios municipales, Yolanda Ibañez, como presuntos autores de un delito electoral.
Aunque, también señala que no se puede “desdeñar el cargo” que ocupa en el partido el presidente valenciano, Francisco Camps.
Según el juez Pedreira, el informe aportado por la Agencia Tributaria refleja que un “importante porcentaje de la deuda” contraída en 2007 por el PPCV con la mercantil “se habría abonado de forma opaca en efectivo por aquél”.
Otra parte –al menos 345.200 euros– “habría sido pagada por algunos empresarios mediante el abono de facturas emitidas por Orange Market”, la empresa dirigida por el considerado responsable de la trama Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez El Bigotes.
Las facturas, añade el magistrado, “reflejarían servicios inexistentes entre dichas mercantiles” y que, de acuerdo con todos los indicios, “se elaborarían con el único fin de encubrir donaciones de esas empresas al Partido Popular de la Comunidad Valenciana en cuanto cancelan una deuda de éste”.
Los pagos, insiste, “no habrán sido reflejados” en las cuentas del Partido Popular de Valencia, “como tampoco lo habrán sido aquellos pagos que fueron efectuados por distintas mercantiles y no por el verdadero deudor, el PPCV”, lo que, según Pedreira, podría constituir un delito electoral.
Camps vuelve a tachar de montaje el ‘caso Gürtel’
El president de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha asegurado que el ‘caso Gürtel’ es “un montaje” y “terminará en nada”, y la oposición cree que el envío de parte de la investigación del instructor del caso al Tribunal Superior de Justicia valenciano advierte a Camps de su posible inhabilitación.
Francisco Camps defendió que las cuentas del Partido Popular valenciano y las adjudicaciones de la Generalitat son “correctas” y están fiscalizadas, y aseguró que el Gobierno valenciano está siendo objeto de “un acoso sin parangón en la historia de la democracia” y que el ‘caso Gürtel’ se ha convertido “en un juicio mediático”.
El Partido Popular aplazará cualquier decisión que pueda adoptar sobre el futuro político del president de la Generalitat, Francisco Camps, a dentro de “varios días o semanas”, han asegurado a la agencia de noticias Efe fuentes de la organización.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha señalado en Kazan (Rusia) que “mientras un tribunal no se pronuncia hay que respetar la presunción de inocencia de todos”. El vicepresidente primero del Gobierno de la Generalitat valenciana, Vicente Rambla, defendió en una rueda de prensa la “gestión honesta” del Ejecutivo de Francisco Camps.
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