Tras la decisión del Supremo, Jové y su otra compañera detenida, la australiana Bridgette Chappel, quedaron en libertad a última hora de la tarde, según informaron a Efe fuentes consulares españolas en Jerusalén.
El juicio a Jové y a Chappel obliga al Supremo a dictaminar si el Ejército y la Policía israelíes actúan legítimamente dentro de los territorios palestinos y, en concreto, en el Área A de Cisjordania, que los Acuerdos de paz de Oslo dejan bajo control de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
Durante la vista, la Fiscalía admitió que el arresto –efectuado de madrugada por una veintena de soldados que irrumpieron en la oficina de la organización para la que trabajan las dos jóvenes, Movimiento Internacional de Solidaridad (ISM)– se hizo de forma improcedente, puesto que fueron entregadas a fuerzas del Ministerio de Interior dentro del territorio palestino.
Pese a ello, la fiscal pidió que las acusadas depositasen una fianza de 25.000 shekels (4.900 euros o 6.670 dólares) y que firmasen un documento en el que se comprometían a no entrar en zona A y a no participar en manifestaciones.
La defensa, por su parte, pedía su inmediata puesta en libertad y que se les permitiese regresar a territorio palestino.
El juez ordenó la puesta en libertad de las dos activistas bajo fianza de 3.000 shekels cada una (590 euros ó 802 dólares) y que se comprometan a no salir de territorio israelí.
También concedió a los abogados de las detenidas un plazo de cinco días para hacer una apelación contra su deportación ante el Tribunal de Distrito de Tel Aviv.
“Dentro de lo que cabe estoy bien”, dijo Ariadna Jové Martí, al tiempo que señaló que lo que le ha ocurrido “es una represión más”.
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