En quién reside la soberanía? ¿quién puede decidir en nombre de todos y desde cuándo? Yo, que no soy entendido en derecho constitucional, tengo clara la respuesta; basta leer el artículo 1.2 de la Constitución para saber que "la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado". Parece algo evidente; lo que siempre me ha llamado la atención es que los constituyentes incluyeran el calificativo “español” al referirse al pueblo soberano; algo que no ocurre ni en la constitución francesa, en la portuguesa o en la italiana; en todos estos casos la soberanía simplemente reside en el pueblo, a secas.
¿A qué otro pueblo cabría otorgar la soberanía española? Parece claro que al constituyente de 1978 alguien lo indujo a dejar muy claro el asunto de la soberanía nacional. Pero, en cualquier caso, suena a "excusatio non petita, accusatio manifesta", a "como sé que hay más de un pueblo en esta carpetovetónica, para algunos, piel de toro, dejemos claro a quienes nos corresponde ejercer esa soberanía. Algo que no hubo que aclarar en el proyecto de constitución de la 1ª República (la soberanía reside en todos los ciudadanos), ni tampoco en la de la 2ª (los poderes emanan del pueblo).
Quedó puntualizado en 1978 para que, llegado el caso, que ya ha llegado con el tema catalán, sólo cupiera una interpretación posible. La de aquellos nostálgicos de viejas glorias olvidadas que siempre han tenido una visión sesgada de la historia de España. Son los mismos que no aceptaron la España federal de 1874, ni la autonómica de 1936 y que siguen, hoy día, cuestionando la evolución del actual estado autonómico. Y todo, bajo argumentaciones puramente historicistas.
Llegados a este punto cabe preguntar de nuevo ¿en quién reside la soberanía? e, inevitablemente, hacer preguntas que por simples pueden resultar demagógicas: ¿alguien preguntó al pueblo castellano y al aragonés si estaban de acuerdo con la boda de Isabel I de Castilla con Fernando II de Aragón para constituir un nuevo reino? ¿alguien preguntó a los nazaríes si aceptaban a los reyes católicos tras la guerra de Granada?
¿Qué soberanía es más legítima, la emanada de las urnas o la originada por una conquista militar o por el fruto de un braguetazo? ¿Tenemos derecho los andaluces a la autonomía aunque no la tuvimos antes de la guerra civil como los catalanes, los gallegos y los vascos? ¿Tenemos derecho los andaluces a decidir sobre nuestro futuro o estamos condenados por la historia a seguir viviendo en el vagón de cola de los pueblos de España?
Y como no podía ser de otra manera habrá que hacerse, inevitablemente, la pregunta de moda: ¿Tienen los catalanes derecho a decidir si quieren seguir formando parte de España? Yo, sin ambages, pienso que sí; aunque también defiendo que si resuelven marcharse tendremos que hacerles, entre todos, las cuentas y el finiquito. Cabe también negarles el pan y la sal como hacen muchos. No obstante, yo creo que ha llegado el momento de abandonar posturas maximalistas y empezar a negociar nuevas formas políticas de convivencia, porque creo que el inmovilismo político, en éste y en otros casos, no ayuda a encontrar soluciones. La historia ya ha demostrado adónde nos lleva el tancredismo político.
Los tiempos cambian y las personas también; ya lo dijo Ortega “yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”. Tenemos que amoldar nuestras leyes al momento. Tenemos y debemos conocer nuestra historia, pero no podemos vivir anclados en ella: "la tierra pertenece a los vivos". Esta sentencia de Thomas Jefferson, tercer presidente de EEUU, viene muy al caso; igual que la carta que envió a su sucesor en el cargo James Madison en 1789: "los vivos tienen la tierra en usufructo; y los muertos no tienen poder ni derechos sobre ella. La porción que ocupa un individuo deja de ser suya cuando él mismo ya no es, y revierte a la sociedad... ninguna sociedad puede hacer una constitución perpetua, ni tan siquiera una ley perpetua. La tierra pertenece siempre a la generación viviente: puede, por tanto, administrarla, y administrar sus frutos, como le plazca, durante su usufructo. Toda constitución y toda ley caducan naturalmente pasados treinta y cuatro años".
El tema de las fechas parece premonitorio, nuestra constitución cumplirá pronto treinta y seis años. Ha llegado el momento de mover las fichas porque ya vamos con dos años de retraso.
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