La plataforma antivados llevará a la Diputación provincial de Cádiz y al Ayuntamiento de Jerez a los juzgados por el procedimiento empleado para cobrar los vados de sus calles residenciales hace más de una década, obligando a los vecinos a abonar el coste con una retroactividad de hasta cuatro y cinco años. El colectivo, que en Jerez representa a casi 400 familias afectadas (El Pinar, La Marquesa, Villa del Este, etc.), ha tomado esta determinación después de una larga lucha e intentos de negociación en vano con ambas administraciones.
“En septiembre le presentamos las reclamaciones de las cantidades al Ayuntamiento, que ha optado por el silencio administrativo”, explica a Viva Jerez uno de los portavoces de la plataforma, Alfonso Martínez, en cuyo seno tienen claro que la responsabilidad en este asunto es de ambas instituciones, por haber un convenio de por medio y por ser la Administración local responsable subsidiaria de estos cobros, que ascienden a una media de 500 euros por familia. Una cantidad que muchas han pagado vía embargo, fraccionando, o en un único pago y que ahora quieren recuperar. A su favor tienen al menos cuatro sentencias por casos similares en Sanlúcar y Jerez que da la razón a los vecinos afectados. Una jurisprudencia que es otra de las garantías que avalan a esta demanda para que el procedimiento que abran por la vía del contencioso administrativo prospere. Por esta razón, para este viernes, la plataforma ha convocado una reunión extraordinaria a las 19.00 horas en el salón de actos del centro social de La Granja (avenida de Arcos) para detallar el procedimiento a seguir a partir de ahora de manos del letrado de este colectivo. La idea es aclarar dudas y realizar una provisión de fondos con unas cantidades simbólicas por familia para pagar los gastos del procurador. Han pasado muchos años pero no piensan rendirse.
“Todo el mundo ha pagado y, siempre lo dijimos: no nos oponíamos a pagar sino al procedimiento utilizado. Se les ha cobrado incluso a señoras ancianas con una pensión y con las puertas cerradas alegando que podría tener un nieto que llevase una moto y aparcara dentro y se ha llegado también a pasar el cobro a vecinos por calles que ni siquiera estaban urbanizadas”, detalla Martínez para referirse sólo a dos de las decenas de incongruencias que hay en este asunto. Un conflicto que en todos estos años llegaron a plantear a partidos políticos de dentro y fuera del Gobierno local, cuya voluntad política para buscar soluciones ha quedado “en agua de borrajas”.
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