“Después de las actuaciones de los defensores, no hay nada que añadir”. Estas fueron las únicas palabras que dijo ayer Pedro Pacheco poco antes de las 12.20 horas del mediodía cuando el juez le permitía ejercer su derecho a la última palabra como acusado. Era la primera vez que el ex alcalde de Jerez prefería guardar silencio y no pronunciarse, como sí ha hecho hasta ahora en las otras tres causas que le han llevado al banquillo en los últimos años. Sólo Óscar Real, uno de los dos técnicos procesados por la acusación particular, declaró su inocencia cuando el magistrado le dio la última oportunidad de hablar. Ni el ex gerente de la GMU, Luis Cruz, ni el otro técnico, Fernando Núñez, quisieron pronunciarse.
Acto seguido el juicio por el caso ‘Huertos de Ocio’ que ha sentado en el banquillo a los cuatro durante las últimas tres semanas quedaba visto para sentencia con la presentación de los informes de las defensas de Pacheco y Cruz, para los que la Fiscalía mantiene su petición de cinco años de prisión. En la novena y última sesión de la vista, la defensa de Pacheco ejercida por el letrado Manuel Hortas consideró “absolutamente imposible” la comisión de delitos en esta operación urbanística y que, por tanto, las acusaciones del Ministerio Público y la acusación particular se sostengan, como entiende que así ha quedado acreditado a lo largo de las pruebas practicadas.
En su informe, el abogado de Pacheco no pasó por alto el “ejercicio de memoria” al que han tenido que someterse los testigos citados, algunos con más esfuerzos que otros, desde políticos –como las ex alcaldesas María José García-Pelayo y Pilar Sánchez-, ex altos cargos y técnicos municipales, al haber transcurrido nada más y nada menos que 15 años desde que ocurrieron los hechos. Otro factor que subrayó y sin que, a su juicio, puede entenderse este caso, es la “ineludible” vinculación política con los hechos, al contextualizarse entre 2003 y 2005, “una época en la que Jerez tuvo tres alcaldes”, en virtud de los pactos de gobierno PSA-PP Y PSA-PSOE. Una realidad a la que había que sumar las “mastodónticas” dimensiones de la GMU, cuyo consejo de administración encargado de tomar las decisiones estaba formado por personas designadas de distintos grupos municipales “que se vigilaban para al menor tropiezo llevar a cabo una actuación políticamente letal”. Fue este mismo consejo, tal y como defendió, por el que pasó el acuerdo de la permuta con Xera Promociones S.A. para desarrollar los terrenos de los Huertos de Ocio a cambio de la adquisición de un edificio singular de oficinas de Palomino & Vergara, en una zona que estaba experimentando “cambios importantes, en el entorno de Madre de Dios. Un consejo de administración que, tal y como reiteró en alusión a la composición de sus miembros, “no era manipulable”. “Estaba formado por rivales políticos”, matizó, tras referirse expresamente a la abstención de IU al acuerdo aprobado para una operación que implicaba desalojar a los parcelistas que tenían allí sus huertos con un contrato de alquiler con la GMU y que “venía acompañados de los informes jurídicos positivos necesarios”. Ello demostraba, apuntaba Hortas, que “no había una operación oculta”, ni carente de publicidad sino que “conocía los temas que se proponían”.
Pero además de ni por parte de los miembros del consejo, las pegas tampoco llegaron de los interventores, ni del registrador de la propiedad. “No puso ningún obstáculo”, añadió Hortas para referirse al acto de inscripción de la finca permutada, calificando de “lógica” e “idónea” la decisión adoptada por la GMU para “deshacerse de una parcela que estaba estorbando el desarrollo urbanístico y que iba a obligar al Ayuntamiento a pagar” a cambio de adquirir un edificio singular.
Falta de pruebas
Por último, la defensa de Pacheco negó que su representado “deliberadamente” modificase el valor de la finca, las escrituras o el acuerdo de una operación adoptada en plena época de “desarrollo urbanístico” de la zona norte y del entorno de la estación de trenes, y que contribuyera a cualquier “engaño” al Ayuntamiento jerezano.
Una hora también estuvo el abogado que ejerce la defensa de Luis Cruz, Jesús Salido, exponiendo sus conclusiones para reiterar su tesis sobre la falta de pruebas en la que se sostiene la acusación contra su representado, descartando la participación de Cruz tanto en el convenio de la permuta como en los consejos de administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo, donde ni siquiera votaba.
Una cuestión de “dignidad”
El letrado de Pacheco reprochó ayer tanto a la acusación pública como a la particular que durante las declaraciones de los testigos no se les haya tratado con “dignidad” al haberles “acusado” de favorecer la comisión de los presuntos delitos de prevaricación, fraude a la administración pública y estafa cuando llegaron a “recelar” de sus testimonios prestados en la sala.
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