El Ministerio Fiscal mantiene su petición de cinco años de prisión para el ex alcalde Pedro Pacheco y el ex gerente de la desaparecida Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) por presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude a la administración pública y estafa. Así lo expuso este miércoles Rafael Payá, el representante del Ministerio Público, en la octava sesión del juicio por el caso ‘Huertos de Ocio’, que dura ya tres semanas y que este jueves quedará visto para sentencia tras los informes de las defensas de Pacheco y Cruz.
Tras elevar a definitiva sus conclusiones, la penúltima jornada arrancaba puntualmente con la exposición de los informes del fiscal, que durante casi hora y media desmenuzó las pruebas testificales y periciales practicadas en la sala de la sección octava de la Audiencia Provincial. En este sentido la Fiscalía entiende que los testimonios de los testigos que han pasado por el juicio, entre ex altos cargos, políticos -incluidos las ex alcaldesas Pilar Sánchez y María José García-Pelayo- y técnicos del Ayuntamiento de Jerez de la etapa en la que se juzgan los hechos (de 2003 en adelante), sumadas a los documentos aportados, especialmente el expediente de la permuta, respaldan “plenamente” las acusaciones contra Pacheco y Cruz, de la misma forma que también acreditan la absolución de los técnicos municipales Óscar Real y Fernando Núñez, a los que la Fiscalía no acusa. “No hay pruebas en todo el procedimiento; no queda acreditada la comisión de delito, sino su utilización como un instrumento más”, señaló.
En su informe, el fiscal no pasó por alto la tardanza que ha acompañado a este proceso, que llegó a archivarse para luego reabrirse por piezas, tras una larga y lenta instrucción que se ha materializado en la celebración de un juicio 15 años después. Un paso del tiempo que se ha convertido en la principal coletilla de las decenas de testigos que han pasado por la sala a la hora de afinar en sus aportaciones y que ha dejado también en el camino a algunos parcelistas desalojados “que lo único que reclaman es una indemnización más alta”.
Sin embargo, para el fiscal esta tardanza “no cambia” los documentos aportados de las actuaciones. “Bastaron 50 folios”, dijo en alusión al expediente de la permuta con Xera Promociones S.A. por el que la sociedad adquirió los terrenos de los Huertos de Ocio y el Ayuntamiento se hizo con el edificio de Palomino & Vergara, en entorno de la calle Medina. “El análisis del documento evidencia de manera indiscutible la comisión de los delitos”, dijo, reiterando la “falta de transparencia” y denunciando “la forma en la que se eludieron los requisitos legales de forma grosera e intencionada con el objetivo de beneficiar a una sociedad de naturaleza privada”. Para el fiscal se trata de un “engaño” al consejo de administración de la GMU y se incumple la ley de enajenación de bienes causando un “enorme perjuicio” a las arcas municipales”.
Las pruebas también demuestran, según el fiscal, que Pacheco “no redujo su participación en la GMU como transmisor de la voluntad política”, ni era un “mero firmante de acuerdo” sino, todo lo contrario, como delegado de Urbanismo “tenía control absoluto de lo que se decidía en los consejos de la GMU”. Por su parte, en el caso de Cruz, señaló el fiscal, las pruebas evidencian “que sí daba instrucciones y tenía conocimientos más altos de lo que decía”.
Las ausencias en el juicio
Casi hora y media estuvo también el abogado de la acusación particular, Francisco Pérez Vera, que mantiene su acusación para los cuatro procesados, para los que pide 15 años de prisión. Representa a los parcelistas desalojados y ayer dejó claro que sus clientes, muchos de ellos de edad avanzada, “no son un grupo de señores que han tratado de dar el pelotazo”. En sus informes insistió en las “lesiones” a los intereses públicos que causó el proceder de los procesados “en beneficio de la empresa privada”.
Las defensas de los dos técnicos, por su parte, llegaron a calificar de “temeraria” a la acusación particular, como así apuntó el letrado de Fernando Núñez, reprochándole que el nombre de su cliente apenas haya salido a relucir ni en la instrucción ni en la vista. En la misma tónica, Alfredo Velloso, el abogado del otro técnico imputado, Óscar Real, solicitó también la absolución de su representado pidiendo el pago de las costas para la acusación, haciendo constar también que sigue sin entender como el jefe del departamento de asesoría jurídica en aquel entonces, José Antonio Parra, que era el superior de los dos técnicos procesados, no ha sido citado como testigo.
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