Muchas veces ganarle una batalla a una constructora-promotora en algunos casos por no entregar las viviendas a tiempo o hacerlo con desperfectos acaba convirtiéndose en una victoria moral más que económica a la hora de poder cobrar las cantidades acordadas por sentencia en concepto de indemnización. En Jerez, como en otras ciudades, desgraciadamente hay ejemplos para los dos supuestos. Los más recientes y que están de plena actualidad son los casos de la urbanización Los Estribos, en la zona sur, y Residencial Europa, en la zona norte. En ambos casos, la justicia ha acabado dándoles la razón a los vecinos afectados, pero esto no significa que su calvario haya terminado ni mucho menos.
Eso sí, después de casi dos años de espera, e inmersos en un conflicto que dura más de un lustro, en Los Estribos empiezan a ver la luz del túnel. En marzo de 2012 el juzgado de Primera Instancia número dos estimó íntegramente la demanda presentada por la comunidad de propietarios de residencial contra la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Imasatec S.A. y Grupo Compás y Gestión S.L. como consecuencia de una serie de deficiencias observadas no sólo en las 248 viviendas que integran la urbanización, sino también en zonas comunes y garajes.
Los daños fueron valorados por un perito judicial en 1,4 millones de euros, una cantidad a la que deberán sumarse las costas del proceso judicial y el reintegro a la comunidad del dinero invertido en la ejecución de distintas actuaciones (5.298 euros). La promoción se entregó en la primavera de 2008, acumulando un sensible retraso sobre los plazos iniciales. Esto no era nada comparado con el fiasco que se iban a llevar las parejas que con tanta ilusión se pasan años ahorrando para comprarse su primera vivienda. Al poco tiempo de irse a vivir, empezaron a advertir deficiencias de todo tipo que finalmente llevaron a los propietarios a presentar la demanda. Las filtraciones empezaron a hacerse habituales en un buen número de plazas de garaje, así como en distintas dependencias de la urbanización, producto de la “deficiente ejecución de la impermeabilización del forjado”.
Casas llenas de filtraciones, graves humedades, grietas, fisuras, inundaciones de garajes, dimensiones equivocadas en la piscina y los vestuarios y malas calidades, vecinos con agujeros en el techo...Casi tres años después de la primera sentencia, los vecinos al fin van a poder ver a los obreros en sus bloques. Al tratarse de una condena solidaria, el dinero que va a permitir ejecutar actuaciones por orden de prioridad va a ser posible gracias a los 1,1 millones que ingresarán por las aseguradoras del arquitecto y el arquitecto técnico del proyecto, del que tendrán que descontar el 10% que tendrán que pagar al abogado que les ha llevado el caso. Al estar Imasatec S.A. en concurso de acreedores, como explica Gumersindo de Vera, de la junta de vocales y de la comisión de obra que han creado los afectados para este asunto, el procedimiento respecto a la constructora no acaba, ya que forman parte de la “larguísima lista” de acreedores pendientes de cobro mientras se investigan los bienes patrimoniales de esta sociedad.
Las dos pólizas de seguro de los arquitectos les apagarán el fuego pero la cantidad que tengan para las obras será muy inferior a los daños que presentan sus casos y que el paso del tiempo ha agravado. En cualquier caso ya tienen contratado al arquitecto que se encargará de los trabajos, que en los próximos días cuantificará el importe de las actuaciones “más urgentes” que se ejecutarán para actuar en las cubiertas y eliminar las filtraciones, aunque no podrán empezar hasta que acaben las lluvias, con lo que calculan entre febrero y marzo. Están inmersos en un estudio de las necesidades más graves, pero de antemano tienen claro que para cubrir todos los despefectos necesitarían “el doble” del dinero.En Residencial Europa, el Supremo acaba de dar la razón a los vecinos, que recibieron sus casas en 2011, cinco años después de la fecha firmada por contrato, lo que hizo que muchos acabaran dejando las casas. Se trata de los 108 residentes que interpusieron una demanda colectiva y a los que Inmojasan deberá pagar 1,6 millones de euros por el retraso de las obras, a razón de 6.000 euros por propietario. Sin embargo, esta constructora no está ni en concurso de acreedores ni tiene actividad alguna registrada, con lo qu percibir estas cantidades es una misión casi imposible.
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