Según publicaba en su edición de ayer El País, la alcaldesa de Jerez denunció el pasado marzo ante la fiscalía que el abogado Fernando de Pablos, que representa al presidente del Xerez CD, Ricardo García, le había coaccionado a través de varias grabaciones clandestinas. En la información se cita que De Pablos remitió una carta el pasado 3 de enero a María José García Pelayo para advertirle de que el presidente del Xerez disponía de una grabación en la que ella podía incurrir en los delitos de “cohecho, prevaricación y negociación prohibida a funcionarios” durante sus charlas con Ricardo García y el teniente alcalde Antonio Saldaña. La carta ofrecía “una salida amistosa” al asunto que recogía las grabaciones: una supuesta negociación de pagos irregulares entre el Consistorio y el club de fútbol. La respuesta de García Pelayo, según el citado medio, fue trasladar a la fiscalía la carta de De Pablos para que se pronunciara sobre el contenido. Días después, el fiscal presentó denuncia en los juzgados jerezanos contra el letrado, al que imputa un delito de amenazas, referido a “un mal que no constituye delito” y penado con entre tres meses y un año de prisión o multa.
De fondo, como es sabido, siempre ha estado la cuestión de la liquidación del Xerez y la insistencia de Ricardo García de sacar los dos millones de euros de subvención que están reflejados en al convenio de acreedores y que el Ayuntamiento entiende que no debe abonar.
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