Juárez hizo referencia a la presión que se vive cada día, en especial por los propios funcionarios del departamento de Servicios Sociales, que han de enfrentarse a la problemática y a la triste realidad de una situación que se prevé empeore en el futuro próximo.
La concejala Inmaculada Olivero, subrayó que los Servicios Sociales, departamento del que es la responsable, “están colapsados”. Añadió que los funcionarios sociales y de vivienda social, están atravesando una situación complicada ya que los ciudadanos afectados por la crisis se están empezando a desesperar “porque no tienen dinero para comer”.
El número de parados, declaró Olivero, se está incrementando día a día, lo que conlleva que sean muchas las familias que no puedan hacer frente al pago de sus alquileres e hipotecas y son embargados o desahuciados.
Competencias
Aclaró la concejala que las competencias de los Asuntos Sociales recaen en la Junta de Andalucía, encargada de organizar las prestaciones sociales dirigidas a los usuarios afectados. La principal prestación es el salario social, destacando Olivero que en la actualidad se está demorando entre 6 y 8 meses la recepción del mismo. Las pagas no contributivas por su parte tardan entre 3 y 6 meses y la prestación de desempleo si se solicita después del día 10 no se percibe hasta dos meses después.
Con relación a la información difundida referida a que la prestación por desempleo se iba a cobrar al mes siguiente al de su solicitud, Olivero manifestó ayer que “hoy por hoy esto es incierto”.
Para la concejala lo más sangrante de la situación es que “ya han salido las órdenes de ayudas públicas para el presente año y no ha cambiado nada con respecto a años anteriores, por lo que no se han establecido ayudas específicas para momentos de crisis”. Ante esta situación, “la problemática la tenemos los ayuntamientos, simplemente porque es la primera administración a la que el usuario acude y nosotros no podemos subsanar sus casos al no contar con el apoyo de quien tiene las competencias, que es la Junta de Andalucía”.
Adelantó Olivero que “el Ayuntamiento invierte cada año más de diez millones de las antiguas pesetas en medidas de emergencia, para un alquiler, un mes de agua, para comer en un momento puntual, pero no para mantener a familias y paliar lo que la Junta no atiende con la prontitud necesaria”.
Desde el Consistorio linense se solicitan ayudas a la Junta de Andalucía, “porque lo que si no lo que vamos a tener que hacer es coger a los usuarios, ir a las puertas de la delegación provincial y exponerle el problema a los delegados provinciales”. Aseguró que el problema no era sólo del Ayuntamiento linense, pero alegó que “otros no lo denuncian por ser de su mismo partido político”.
El alcalde matizó que Andalucía se había convertido en una “fábrica de parados”, y pidió a las empresas que tienen que hacer obras en la ciudad que tenga en cuenta la situación de muchos linenses. “Debería ser lógico que cada obra que se lleve a cabo en una ciudad tenga operarios y mano de obra propia del lugar”.
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