El director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, realizó este pasado jueves unas declaraciones que han desatado una tormenta que no es nueva: la posibilidad de que el peaje vuelva, entre otras, a la AP4 entre Jerez y Sevilla a partir de 2024. Ya lo denunció el PP hace poco menos de un año, por lo que sus manifestaciones han reavivado una polémica que ha provocado que el propio Gobierno se haya visto obligado a corregirle públicamente.
Y todo ello con unas elecciones a la vuelta de la esquina. Navarro, de hecho, no pudo ser más claro al afirmar que las autovías españolas “implantarán peaje en el año 2024 por imposición de Bruselas”, al tiempo que reclamó un gran acuerdo político entre los dos principales partidos ante la obligación de la Unión Europea.
Navarro insistió en que “es una exigencia, se tiene que hacer”, aunque evitó apostar por un modelo concreto y explicó -en declaraciones a TV3- que hay “varios sobre la mesa”, que incluyen el sistema por viñeta o el pago por kilometraje, entre otros. En cualquier caso, recalcó que la “única preocupación” de la DGT es la conservación y el mantenimiento de las carreteras y que los recursos de estos nuevos peajes no se destinarán solo a ello.
Sin embargo, una vez divulgadas las declaraciones de Pere Navarro, la propia Dirección General de Tráfico (DGT) lamentó la “confusión” generada, ya que, según precisaban, el organismo no dispone de “ningún tipo de información directa ni competencias atribuidas para poder pronunciarse” sobre esta cuestión, por lo que ha lamentado “profundamente la confusión” que haya podido generar Navarro, desautorizado por el organismo que él mismo dirige.
Obviamente, el asunto no ha quedado ahí, sino que el PP ha aprovechado para recordar lo que viene denunciando desde septiembre del año pasado y reconocer su preocupación por la incidencia que pueda tener en la provincia la implantación de peajes “que el Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado a partir del próximo 1 de enero, algo que ha intentado ocultar y mentir a los gaditanos”, en manifestaciones de la alcaldesa de Jerez y candidata al Senado, María José García-Pelayo, quien ha recordado que en el Congreso preguntó en varias ocasiones sobre esa posibilidad, “una medida que el Gobierno nunca descartó y que firmó en el documento que presentó a la Unión Europea para recibir ayudas, pero renegaban de ella públicamente. Incluso Pedro Sánchez llamó mentiroso a Alberto Núñez Feijóo cuando en el debate cara a cara le preguntó sobre la implantación de peajes en las autovías y finalmente ha quedado descubierto que quien miente, como es habitual en él, es Pedro Sánchez”.
“Estamos preocupados y enfadados porque la provincia de Cádiz y Jerez lo que menos necesitan ahora es que se vuelvan a poner los peajes”, apunta García Pelayo, “porque además no sólo estamos hablando de que Pedro Sánchez quiera poner los peajes para ir a Sevilla, también pretende que paguemospara ir a Sanlúcar, a El Puerto, a Cádiz, al Campo de Gibraltar y también a Sevilla”.
El ministro del Interior y candidato número uno al Congreso por el PSOE en la provincia de Cádiz, Fernando Grande Marlaska, ha negado la mayor con respecto a la polémica, y ha corregido desde la provincia las manifestaciones del director general de la DGT, Pere Navarro, quien también ha salido ya públicamente a reconocer que se equivocó al realizar dichas manifestaciones, después de haber sido corregido en varias ocasiones por el propio Gobierno.
Marlaska ha expuesto al respecto, “con toda la contundencia y toda la claridad, que ha sido un absoluto error que no tiene nada que ver con la realidad y con lo que está proyectado. Es una cuestión que no está en modo alguno encima de la mesa de este Gobierno ni de ningúin ministerio”. Además, ha recordado que el Gobierno ha asumido durante todo este tiempo el mantenimiento del conjunto de autovías y carreteras de su titularidad en todo el territorio nacional, “y me remito a lo que acontece con la AP4 donde en los PGE para 2023 viene claramente recogido un crédito de 227 moillones de euros para proceder a la actualización de toda esa via”.
Lo cierto es que el Gobierno central inició hace casi un año los trámites para estudiar las distintas posibilidades encaminadas a introducir un nuevo sistema de peajes en todas las autovías del país a partir de 2024, tal y como se comprometió con Bruselas a cambio de recibir los fondos europeos valorados en 70.000 millones de euros en subvenciones. De hecho, la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, encargó a la consultora pública Ineco la elaboración de nueve informes para valorar un nuevo sistema de financiación de las carreteras, según la documentación publicada en el portal de contrataciones. El coste de estos servicios ascendería a 1,4 millones de euros y el plazo establecido era de 10 meses.
El plan, según se desveló hace un año, responde a las recomendaciones hechas a España por la UE para el alineamiento con las agendas estratégicas de otros países (Italia, Francia, Portugal) que aplican peajes de forma generalizada.
Asescon rechazará la imposición de los peajes
La Asociación Española de Consumidores (Asescon) rechazará la imposición de peajes en las autovías españolas, ya que considera que la conservación de las autovías ya se paga con los impuestos que pagamos los ciudadanos, no sólo en el IRPF sino también en el de impuesto de hidrocarburos, que hace que el precio de los carburantes sea un 50% más caro.
Además, subrayan que esta medida “incidirá negativamente en el IPC ahora que lo tenemos estabilizado en el 2%. El aumento de costes del transporte conllevará un nuevo encarecimiento de los precios de los productos y, por tanto, un endurecimiento de la vida de los consumidores”.
“Esto tendrá consecuencias también en uno de los motores de estos años en España, el Turismo -añaden-. Una subida del precio del Turismo derivada de la imposición de peajes en las autovías conllevará un retroceso en el consumo de los ciudadanos”.
“Además -concluye el presidente de Asescon, Miguel Ángel Ruiz-, la alternativa de un transporte público es inviable en tanto que hay provincias totalmente aisladas que no cuentan con servicios de calidad, lo que es un auténtico fracaso de las políticas públicas en este asunto”.
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