En este último apartado, hasta el momento se han recibido 1.437 impresos cumplimentados, con datos sobre si el demandante está interesado en una vivienda de alquiler o en propiedad, si la requiere adaptada, o el número de personas que compone la unidad familiar. También se recoge la situación actual en la que se encuentran y por la que demandan vivienda, los ingresos de que dispone la unidad familiar y renta que pagan en el caso de estar actualmente en alquiler.
El concejal explica que la puesta en marcha de este registro “supone que tanto las viviendas públicas como privadas protegidas que se construyan en la ciudad son adjudicadas desde el Ayuntamiento, comprobando los requisitos necesarios para su acceso, entrevistando a cada demandante, comprobando sus datos y certificando a las promotoras la relación de los adjudicatarios de las casas”.
En lo que se refiere a las viviendas de titularidad municipal, el Ayuntamiento cuenta con 32 de ellas en la calle Juan Pérez Arriete, en régimen de alquiler, cuyos ocupantes mantienen una deuda de 157.350 euros, por lo que se ha citado a los mismos para llegar a un acuerdo de abono. También se han detectado ocupaciones ilegales, a través de la venta de las llaves, por lo que se han puesto en marcha los mecanismos oportunos.
Otras 14 viviendas están ubicadas en la urbanización Los Arcos, en la Avenida Aguamarina. Las familias que las ocupan cuentan con un contrato en precario, por lo que desde su entrega en 2001 no han abonado cantidad alguna.
Otras tareas realizadas han sido la elaboración de cien informes por solicitudes de reagrupamiento familiar de extranjeros residentes en España; la concesión de 101 ayudas económicas, con un máximo de 500 euros por familia, a raíz del temporal que sufrió la ciudad en octubre de 2008, para pequeñas reparaciones e impermeabilizaciones, por un importe global de 42.835 euros.
Martínez Fírvida indica que entre los servicios que presta este departamento se encuentran la información sobre la próxima construcción de viviendas protegidas, orientación sobre el acceso a la primera vivienda y subvenciones existentes, asesoramiento ante situaciones de desahucio y acceso a viviendas de alquiler, información sobre los recursos existentes ante la problemática de las familias atendidas y derivación a otros servicios públicos, e información sobre los diversos programas de rehabilitación, tanto municipales como autonómicos.
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