Este lunes se conmemora el Día Internacional Contra la Violencia de Género, un 2019 con más mujeres asesinadas que a lo largo de 2018 (48 muertas), un 25 de Noviembre in memoriam de las 54 mujeres (tres menores asesinados) que han perdido la vida a manos de sus parejas o ex parejas desde el 25 de noviembre del año pasado, una de ellas de la capital.
“El silencio es cómplice y pone en peligro la vida de las mujeres maltratadas y de sus hijos. La denuncia es la llave para activar la protección de la mujer y la investigación y eventual condena del agresor. Las víctimas tienen que confiar en la justicia. Tienen que denunciar. No están solas y estamos para ayudarlas”, reconoce la magistrada del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Jaén, Isabel Moreno.
Sito en la calle Las Minas, 1, tiene competencia para la investigación de los delitos cuando la víctima es pareja o ex pareja, cónyuge o ex cónyuge del agresor, aún sin convivencia. También tiene competencias en el ámbito civil. En sus instalaciones se integraron hace dos años el Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA) y la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIG) del Instituto de Medicina Legal, siendo un juzgado referente a nivel nacional por el protocolo de protección y atención que recibe la víctima.
“La víctima espera en la planta baja, junto al Guardia Civil. La lleva al SAVA, que cuenta con un psicólogo, una asesora jurídica y un trabajador social, donde recibe apoyo psicológico y jurídico. La informan del proceso hasta que es llamada a declarar a mi despacho. Sube en ascensor, acompañada de un funcionario, mientras que el agresor espera en la planta primera, para que no haya contacto directo de la víctima con el victimario”, explica Moreno.
La denuncia puede llegar por la propia víctima en sede judicial o por atestado policial. “Las primeras diligencias a practicar son la declaración de la víctima y del investigado, para recabar todos los datos posibles sobre los hechos denunciados y poder adoptar las medidas de protección precisas”, aclara. Todo atestado judicial va acompañado de la valoración policial del riesgo (no apreciado, bajo, medio, alto y extremo). “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de Jaén están muy bien formados”, puntualiza.
Además, la magistrada cuenta con el apoyo del examen pericial inmediato que realizan el psicólogo forense y el médico forense de la UVIG, tanto a la víctima como al agresor, efectuando con “carácter inmediato” un informe que concreta la afectación de la víctima y los indicadores de riesgo en el denunciado. En el caso de que haya hijos menores, lo exploran siempre que lo vean oportuno, ya que están expuestos a una forma de violencia que se considera maltrato infantil.
En este Juzgado se “humaniza” el proceso. “Una víctima debe estar bien informada, asesorada y atendida. Se le debe dispensar un trato humano y utilizar un lenguaje sencillo. Si están bien atendidas desde un punto de vista jurídico, emocional y asistencial, podemos conseguir que no se acojan tanto a no declarar. El trato humano no va reñido con la profesionalidad. Hay que crear un clima de confort porque la víctima está denunciando a la persona con la que tenía un proyecto de vida”, recuerda Moreno.
Y así se hace en este Juzgado, que recibió el año pasado el Premio Menina Andalucía contra la Violencia de Género que concede la Delegación del Gobierno de Andalucía. “Este juzgado tiene medios para determinar la peligrosidad del caso y adoptar las medidas concretas, medidas gravosas e incluso la prisión provisional. La medida de protección de la víctima es individualizada y personalizada, en relación con las características del caso investigado y del agresor. Dedicamos a la víctima todo el tiempo que se necesite”, confirma la magistrada.
El año pasado ingresaron más de mil asuntos penales y en lo que va de año más de 800. En 2018 se tramitaron más de 100 órdenes de protección y este año ya suman 60. La magistrada reconoce que “se denuncia más, pero no se denuncia toda la violencia que hay”. El 70% de los procedimientos que entran es por iniciativa de la víctima. “Se echa de menos la iniciativa de la sociedad. Sólo el 2% de los casos llegan por los familiares”, lamenta.
El delito más investigado es el de maltrato de obra o lesión de carácter leve, representando el 40% de los asuntos. Le siguen los delitos contra la libertad, el delito de amenazas y de coacciones. Se investigan delitos de maltrato habitual en el ámbito de la unidad familiar. “Estamos viendo una proliferación de delitos de acoso y acecho. Una vez rota la relación sentimental, la ex pareja no acepta la ruptura y es cuando empiezan a producirse actos de violencia hacia la mujer”, lamenta, señalando que “han aumentado las víctimas menores de edad, con parejas de 18 y 19 años”. Defiende que “hay que educar a las generaciones futuras en valores de igualdad y género para vivir en una sociedad libre de violencia”.
Las medidas de protección a la víctima en el orden penal son la prohibición de aproximación del investigado a la víctima a unos metros determinados, de comunicación, de residir en un determinado lugar, el destierro, la imposición de una pulsera de control telemático, además de la prohibición de la tenencia de armas. Moreno afirma que “entran un elevado número de quebrantamientos de medidas cautelares”, por lo que “hace falta más policía de protección que atienda a la víctima y que se hagan más controles sobre ellos”.
Moreno confirma que en justicia es necesaria “la implementación en la actuación judicial de la perspectiva de género, con el fin de erradicar los prejuicios, estereotipos y roles de género que han tenido asignados las mujeres y los hombres para aplicar una justicia efectiva y real en igualdad entre hombre y mujer”.
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