Jaén ha dicho basta a las agresiones que se producen a trabajadores sociales. Este jueves, el Ayuntamiento de Jaén se ha sumado a la concentración convocada en la Plaza de Santa María para visibilizar las agresiones que sufren las personas que trabajan en los centros de servicios sociales comunitarios y pedir que no se repitan hechos como los acontecidos en los últimos días en el centro municipal de servicios sociales de La Magdalena, en el que dos trabajadoras fueron agredidas.
El alcalde de la ciudad, Agustín González, que, junto con otros miembros de la Corporación ha tomado parte en la concentración, ha condenado estos hechos y ha pedido "respeto para este colectivo, que desempeña una labor imprescindible y profundamente comprometida para ofrecer atención de calidad a la ciudadanía y procurar su bienestar".
"Hay que evitar este tipo de situaciones y hacer labor de pedagogía porque los trabajadores de los servicios sociales son servidores públicos y eso es algo que no debemos olvidar", ha dicho González, que ha añadido que "la sociedad en su conjunto tiene que ser consciente del trabajo que desempeñan, con total disposición y siempre pensando en el bienestar de la población".
Ha indicado también que desde el Patronato de Asuntos Sociales "ya se están tomando medidas para garantizar y reforzar la seguridad de los trabajadores y defender sus derechos", al tiempo que ha indicado que "se van a iniciar dos procedimientos administrativos a las dos personas que han agredido a las trabajadoras sociales del centro social de La Magdalena.
Por su parte, la presidenta del Patronato de Asuntos Sociales, María Segovia, ha anunciado que se reforzará en los centros la información relativa a los derechos y deberes de los usuarios de los mismos, para que "tengan conocimiento de las consecuencias que pueden acarrear este tipo de comportamientos".
En este punto, ha indicado que, en función de la gravedad y al margen de la responsabilidad civil o penal en que se incurra, pueden darse "desde sanciones con amonestación escrita hasta la suspensión del derecho de uso de los servicios de los centros o de la percepción de prestaciones o recursos".
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