El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a tres años de prisión a un guardia civil y al pago de una multa de 4.380 euros, a razón de seis euros diarios durante un año, por un delito de cohecho al considerar probado que éste pidió dinero --entre 3.000 y 4.000 euros-- al inquilino de una finca ubicada en Moguer a cambio de no denunciarle por una serie de irregularidades que supuestamente había encontrado en la citada finca, relativas a actividades de movimientos de tierra y desbrozado sin tener la autorización debida.
Según reza en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, este agente también ha sido condenado a siete años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público.
Cabe recordar que al término de la vista oral, este hombre fue declarado culpable por un jurado popular, momento en el que su letrado, Juan López Rueda, anunció que van a recurrir el fallo porque su cliente, tal y como mantuvo durante el juicio, se considera inocente.
Se trata de la única manifestación que realizó el ahora condenado después de acogerse a su derecho a no declarar por unos hechos por los que la Fiscalía le pidió cuatro años y medio de prisión, el pago de una multa de 5.500 euros, a razón de diez euros diarios durante 18 meses, y la inhabilitación especial para las funciones del Cuerpo de la Guardia Civil por tiempo de nueve años, por un delito de cohecho.
No obstante, el tribunal considera probado que el condenado se presentó en la citada finca pidiéndole --entre 3.000 y 4.000 euros-- al inquilino de la misma a cambio de no denunciarle por una serie de irregularidades que supuestamente había encontrado.
Del mismo modo, el juez señala en la sentencia que le dejaron una bolsa con el dinero en el interior de un sobre, cuya cantidad ascendía a 450 euros, siendo recogida dicha bolsa por el acusado al día siguiente, momento en el que éste fue detenido.
Durante el juicio, tanto el inquilino de la finca, como su socio, negó que en la finca existieran las citadas irregularidades indicó que, tras presentar la denuncia, actuaron "en todo momento como se les indicó por parte de los agentes que llevaban la investigación, autorizando el primero de ellos la intervención de su teléfono, y participando en el cebo que pusieron al acusado".
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