El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha defendido que fue su departamento quien el pasado enero llevó a la Fiscalía la supuesta dispensación de medicamentos sin control de trazabilidad desde el Hospital Virgen de las Nieves de Granada procedentes de una empresa distribuidora sin licencia hace varios años.
En declaraciones a los periodistas en Ceuta, el consejero ha señalado que el caso, que ahora investiga el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, "se destapó cuando estaba el anterior gobierno socialista", y que en enero la Consejería, viendo el expediente, lo puso en manos de la Fiscalía porque "vimos que había irregularidaes sobre todo a nivel de la trazabailidad de los medicamentos que se estaban dando".
Así, ha abundado en que la trazabilidad "no estaba clara" por lo que "vimos una posible problema de salud pública", y ha añadido que han mandado al juzgado "toda la documentación que tenían". "Papel que nos pide la jueza, papel que le mandamos", ha agregado.
Cabe recordar que según informaron a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la causa están investigadas un total de 14 personas, el propietario de la empresa distribuidora de medicamentos y 13 cargos del Hospital Virgen de las Nieves en el momento de los hechos, entre 2014 y 2016, estando previsto que declaren por este asunto en la primera semana de diciembre.
La investigación, que ha estado bajo secreto de sumario hasta el pasado 24 de septiembre, parte de una denuncia que la Fiscalía presentó hace prácticamente un año y ha incluido la entrada y registro en las empresas de este empresario, que tiene sociedades en Canarias y Granada, según detallaron a Europa Press fuentes del Ministerio Público.
Las mismas fuentes precisaron que serían las empresas que operan en Granada las que no contarían con la autorización de la Agencia Española del Medicamento para la distribución de los fármacos. La querella de la Fiscalía se dirige, entre otros, contra el empresario, sus tres sociedades y contra quienes gestionaban la compraventa de los medicamentos.
La investigación está siendo realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que está analizando el contenido de los dispositivos informáticos intervenidos en los registros.
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