Vox ha presentado este sábado un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo pidiendo la suspensión inmediata de la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco por vulneración de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG). El recurso se presenta después de que la Junta Electoral Central inadmitiese a trámite la solicitud de la formación que preside Santiago Abascal.
La formación advierte en su recurso de la posibilidad de que los trabajos para trasladar los restos mortales pueda producirse este mismo domingo, día 13. "Todo hace pensar que la exhumación tendrá lugar este domingo", ha explicado VOX en el recurso en el que hace alusión al cierre temporal del Valle de los Caídos desde este viernes y al acuerdo del Consejo de Ministros que prevé su ejecución antes del 25 de octubre previa comunicación con una antelación de 48 horas a la familia.
En el escrito presentado al Supremo solicitando medidas cuatelares, Vox ha denunciado la "indebida utilización" de la exhumación de Francisco Franco "con evidentes fines partidistas en periodo electoral" y ha solicitado a la sala judicial que ponga fin al proceso "evitando la producción de un perjuicio de imposible reparación".
"Una vez celebradas las elecciones, difícilmente se podrá dar reparación a los actos realizados en periodo electoral si aquellos que infringen nuestro ordenamiento no son atajados fulminantemente", sostiene Vox.
En su opinión, el acuerdo que prevé la exhumación, traslado y reinhumación de los restos mortales de Francisco Franco "va a influir en el criterio a tomar por los electores de cara a las próximas elecciones y, por ende, infringe el principio de neutralidad política que debe regir la actuación de los poderes públicos en aras de garantizar la pulcritud del mismo proceso electoral".
Vox ha recordado que Francisco Franco recibió sepultura en el Valle de los Caídes en 1975 y "no hay ninguna razón de urgencia que impida demorar la exhumación a la celebración de las Elecciones Generales".
Por ello, el partido justifica las medidas cautelares ordenando al Gobierno de España que "se abstenga de cualquier clase de publicidad y divulgación" por ser "un acto prohibido por la LOREG".
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