El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar a partir del próximo día 19 de marzo al cabecilla de la 'Gürtel', Francisco Correa, al exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, al gerente de Orange Market Álvaro Pérez, 'El Bigotes', y al contable de las empresas de la trama José Luiz Izquierdo, para cerrar la investigación sobre las actividades irregulares llevadas a cabo por la trama.
En un auto hecho público este miércoles, el magistrado refleja que las citaciones se han fijado a petición de la Fiscalía Anticorrupción "en aras a la averiguación de los hechos y presuntos delitos objeto de la presente instrucción así como para garantizar el correcto desenvolvimiento del derecho de defensa".
Señala que los cuatro imputados podrían haber cometido delitos de cohecho, prevaricación, malversación, fraude a la Administración Pública, falsedad y blanqueo de capitales y recuerda que todos ellos declararon en la causa cuando estaba declarada secreta o antes de que las distintas autoridades extranjeras consultadas a través de comisiones rogatorias remitieran documentación sobre sus cuentas.
El magistrado ha fijado para el 19 de marzo la declaración de Crespo, al que tiene previsto preguntar, además de su vinculación con Correa, sobre la presunta relación con la trama del exministro 'popular' Francisco Álvarez Cascos al que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) relacionó con las siglas PAC, reflejadas en algunos de los documentos incautados. El día 20 interrogará a 'El Bigotes' y el contable Izquierdo. El cabecilla Correa comparecerá en último lugar, el 21 de marzo.
ENTRAMADO SOCIETARIO
El auto refleja las conclusiones de Anticorrupción e indica que los cuatro imputados, dirigidos por Correa, lideraron entre los años 2000 y 2009 un entramado societario destinado a obtener irregularmente adjudicaciones públicas mediante la entrega de dádivas a funcionarios y "autoridades con competencia e influencia en esas contrataciones".
Precisa que Correa desarrolló esta actividad en las comunidades autónomas de Madrid --en los municipios de Majadahonda, Boadilla del Monte, Arganda del Rey, Pozuelo de Alarcón y Alcalá de Henares y en la propia comunidad autónoma, precisa-- y Castilla y León y en el municipio malagueño de Estepona.
Los regalos a cargos públicos consistían en dinero en efectivo y prestaciones de servicios como viajes, organizados por la empresa Pasadena. En algunas ocasiones las comisiones entregadas a los funcionarios computaban como coste de los contratos públicos "generando un sobreprecio de los mismos".
Correa habría colaborado en la ocultación de los fondos percibidos irregularmente a través de tres vías: la compra de los bienes adquiridos con este dinero, el encubrimiento de sus inversiones en sociedades participadas por los funcionarios receptores de las dádivas y la constitución de empresas que ocultaban tanto sus verdaderos titulares como el origen de los fondos.
Además, "ocultó a la Hacienda Pública todos sus ingresos mediante un entramado de sociedades que disponían de cuentas en paraísos fiscales o de reducida tributación" y atribuyó desde 2008 a su primo Antoine Sánchez la titularidad de su patrimonio.
Anticorrupción apunta que Crespo "sería el encargado de la gestión diaria" de las empresas con la ayuda de Izquierdo, encargado de "la tesorería opaca del grupo y la facturación irregular vinculada a ella".
'El Bigotes' habría colaborado en pagos efectuados a distintos cargos, entre ellos los abonados al extesorero del PP Luis Bárcenas, "sin perjuicio de los hechos que contra él investiga el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana".
IMPUTACIÓN DE UN ALTO CARGO DE LÓPEZ VIEJO
En un segundo auto, el magistrado cita el próximo 18 de marzo como imputada por un delito de prevaricación a Julia López Valladares, que trabajó en el Servicio de Régimen Interior de Vicepresidencia Primera y Portavocía de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid.
La Fiscalía Anticorrupción sitúa a López Valladares a las órdenes del exconsejero de Deportes Alberto López Viejo, imputado en el procedimiento por adjudicar contratos públicos a las empresas de Correa a cambio de cohechos, y destaca que "podría haber tenido una participación activa" en estas operaciones.
La imputada, según el auto, habría dado "instrucciones" a las empresas de Correa sobre "cómo debían facturar un mismo acto por diversas entidades aparentemente independientes reduciendo así su importe individual por debajo de 12.020 euros, lo que les permitiría tramitarlo como contrato menor".
El juez también interrogará ese mismo día como testigos a Aurelio Ortiz, perteneciente al Consorcio Urbanístico de Madrid en las fechas en las que se produjeron los hechos investigados, y Antonio Guerrero, que desempeñaba sus funciones en la Dirección General de Deporte de la Administración regional.
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