El ministro de la Defensa, general Abraham Valenzuela González, entregó los documentos en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, donde se celebra un proceso judicial contra un grupo de militares acusados de genocidio, torturas y múltiples asesinatos.
Con esta medida, las Fuerzas Armadas cumplen con la orden emitida hace un año por el presidente Álvaro Colom, quien en su calidad de comandante general del Ejército pidió desclasificar los documentos militares que contengan información que permita esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1960-1996.
Los archivos militares entregados por Valenzuela son los planes de las campañas Victoria 82, Sofía 82, Ixil 82 y Firmeza 83.
En ellos, según organizaciones locales de derechos humanos, deben constar las órdenes emitidas a las unidades militares por el alto mando del Ejército entre 1978 y 1983 para combatir a las guerrillas izquierdistas y que establecían el aniquilamiento de la población civil.
Entre los militares procesados destacan los generales golpistas José Efraín Ríos Montt y Óscar Mejía Victores, así como Ángel Aníbal Guevara y Benedicto Lucas García.
Estos mismos son procesados también ante la Audiencia Nacional de España, que desde diciembre de 1999 conoce un caso de genocidio, torturas y terrorismo de Estado promovido por la Premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú.
La entrega de los documentos, que inicialmente había sido ordenada por el tribunal desde hace más de cuatro años, se retrasó hasta ayer por los recursos de amparo presentados por los abogados de los militares procesados para evitar su desclasificación.
Los abogados argumentaban que esos archivos no podían ser del conocimiento público por tratarse de documentos que contienen "secretos de Estado", como establece la Constitución guatemalteca.
Sin embargo, en marzo de 2008, la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de este país centroamericano, emitió un fallo definitivo en contra de esos recursos y ordenó al Ejército entregar los archivos a los tribunales.
La entrega de estos documentos coincidió con la celebración ayer del Día Nacional de Conmemoración de las Víctimas de la Guerra, que fue instaurado por el Parlamento en 1999 tras la presentación el 25 de febrero de ese año del informe de la Comisión de la Verdad.
Esa instancia, auspiciada por las Naciones Unidas, investigó las violaciones de derechos humanos cometidas durante los 36 años que duró la guerra interna, en la que murieron más de 200.000 personas y que concluyó con la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las guerrillas de izquierda.
El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, titulado "Guatemala, memoria del silencio", responsabilizó a las fuerzas de seguridad del Estado del 93 por ciento de las violaciones de los derechos humanos perpetradas durante la guerra.
El tres por ciento de esos crímenes fue atribuido a las guerrillas y el restante cuatro por ciento a grupos no identificados.
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