Fuentes del caso han indicado a Europa Press que recientemente el órgano judicial ha dado traslado a las partes de la demanda, presentada por la representación jurídica de la comunidad de vecinos del número 9 de la calle Diego de Riaño. Ésta se basa en que durante el plazo de tres meses posterior a la notificación de la sentencia --la primera en salir y, por tanto, la referencia en todo el proceso--, la Hispalense no ha procedido a su ejecución, por lo que se pide que ésta se haga de manera "forzosa", reclamándose "la demolición total y la reposición del parque en los mismos términos en los que éste se encontraba".
En cuanto al plazo de un mes solicitado, no se trata de un plazo legal, sino el solicitado por los residentes, ya que no hay un periodo concreto para la ejecución forzosa, sino el tiempo prudencial que la sala estime. En el caso de que el fallo siga sin asumirse, se podrían interponer sanciones a los responsables competentes.
El presidente de la comunidad, el abogado José Cubiles, ya explicó a Europa Press que la intención de los vecinos era la de reclamar que la resolución judicial se cumpla "en todos sus términos".
Con ello, lo que se busca es que "se tire absolutamente todo lo que se ha construido indebidamente y se replante la zona hasta que quede como estaba". Al respecto, ha explicado que el fallo del que pide la ejecución "es el de mi comunidad" y que, a pesar de la existencia de más sentencias del Tribunal Supremo, "no tenemos por qué esperar a nadie ni nos interesa".
A este respecto, el presidente de la asociación de vecinos 'Huerta de la Salud'', José Miguel González Cruz, ya indicó a Europa Press que, según la US adujo en su momento, el proceso era reversible en lo que se refiere al trasplante de especimenes arbóreos, añadiendo al respecto que "suponemos que la Universidad habrá cuidado de que ningún árbol haya sufrido y de que todo pueda volver al estado original".
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