Por consiguiente, al hacer suyo el informe, la Unesco -y así lo comunica el director del Comité del Patrimonio al embajador de España- insta a la Administración a que encuentre la forma de detener la construcción del rascacielos y a que revise el proyecto, a través de la modificación de su perfil en relación con el impacto que causaría en el conjunto histórico cercano y en los monumentos incluidos en el Patrimonio Mundial. Según la Unesco, debería comenzarse el proceso de revisión mediante el estudio de la modificación de la escala y altura de la torre.
Esta es la cuarta vez que la Unesco exige a las autoridades españolas la paralización de las obras para el posterior recorte de la altura de la torre promovida por Cajasol en la isla de la Cartuja, sin que hasta ahora hayan surtido efecto sus demandas. Ya lo pidió en las asambleas generales de 2009 -gracias a que se celebró en Sevilla y a las presiones de España como anfitriona la advertencia fue en tono menor-, 2010 (Brasilia) y París (2011). Ya no habrá, pues, una quinta vez. Mejor dicho: de no atenderse sus exigencias, a la quinta vez (asamblea de San Petersburgo, el próximo mes de junio) será la vencida y la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias serán excluidos del Patrimonio de la Humanidad, en un golpe letal para el prestigio de una ciudad como Sevilla, cuya máxima fuente de riqueza es el turismo urbano y cultural, que atrae por su patrimonio histórico-artístico.
De producirse tal expulsión -y ahora mismo se dan todas las circunstancias-, el nombre de Sevilla se uniría a los de Dresde y Omán. La ciudad alemana estuvo en la lista del patrimonio en peligro de la Unesco por la construcción de un puente que destruía el paisaje histórico del valle del Elba. Pasaron cuatro o cinco años de avisos, como ahora con la torre Pelli/Cajasol, hasta que se decretó su expulsión en 2009. Dos años antes, la Unesco retiró de la lista el santuario del oryx árabe, en respuesta a la decisión unilateral del Gobierno del sultanato de Omán de reducir en un 90% la zona protegida para autorizar en ese territorio prospecciones petrolíferas.
Actualmente sólo hay 936 lugares en 153 países del mundo (725 de ciudades por su valor patrimonial; 183 por su valor ecológico; 28 por una mezcla de ambos) incluidos en la lista del Patrimonio Mundial, y Sevilla tiene el privilegio de contar con tres de ellos en este club exclusivo. Si los pierde, aparte del desprestigio que ello supondría, se pondría de manifiesto su incapacidad de velar por su riqueza monumental.
El reto de Zoido
Consciente de todo lo que está en juego, Zoido anunció desde antes de ser alcalde que no consentiría que Sevilla fuera expulsada de la lista del Patrimonio de la Humanidad por un proyecto de rascacielos que desafía a la Giralda y que fue autorizado por Monteseirín. El alcalde se ha emplazado para hoy con el presidente de Cajasol, Antonio Pulido, para buscar una solución al problema, y previamente su edil de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, rogó a la caja que detenga la construcción en altura -ha levantado 18 de las 43 plantas previstas; unos 60 metros de los 178 totales- y que en el ínterim continúe las labores en el interior de lo ya construido y en el edificio aledaño, destinado a un centro comercial.
Cajasol, la entidad presidida por Antonio Pulido, se basa justamente en la licencia de obras que en su día le otorgó Monteseirín para cuestionar el dictamen de los expertos venidos a Sevilla, defender que su proyecto es “absolutamente viable con el entorno de la ciudad, así como con los edificios calificados Patrimonio de la Humanidad” y pedir al Ayuntamiento, la Junta y el Ministerio de Cultura que defiendan el rascacielos ante la Unesco.
Efectivamente, la torre Pelli/Cajasol tiene licencia de obras desde la etapa de Monteseirín, al igual que la tenía la Biblioteca universitaria en el Prado de San Sebastián, pero al cabo de los años, y merced a los recursos presentados por vecinos, ecologistas y conservacionistas, la Justicia declaró ilegal esta última y ahora hay que demolerla. Otras entidades ciudadanas, agrupadas en la plataforma Túmbala, han denunciado ante los tribunales el procedimiento administrativo que desembocó en la licencia para el rascacielos.
Licencia cuestionada
Según estos colectivos, la torre figuró en la aprobación inicial del PGOU, pero fue eliminada en virtud de alegaciones presentadas por Adepa y el PA. Denuncian que la intención de construirla fue deliberadamente ocultada en el Plan de Reforma Interior, ya que no constaba ni en los planos ni en la memoria. Tampoco se mencionó en la propuesta que se elevó al Pleno del Ayuntamiento y no se indicó en los anuncios publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y en la prensa, por lo que consideran vulnerado el derecho a la participación ciudadana.
Tradicionalmente, el segundo argumento de Cajasol para defender su rascacielos son los puestos de trabajo que generará su construcción. En este sentido, encargó un informe socioeconómico a la consultora Deloitte, que en marzo de 2009 estimó que la torre crearía más de 4.000 empleos: más de la mitad, directos; el resto, en las empresas auxiliares. Esta estimación ha sido muy cuestionada por dos arquitectos de prestigio y con amplia experiencia profesional, Fernando Mendoza (premio nacional por su restauración de la iglesia del Salvador), y José García-Tapial. “¿Alguien ha visto -se preguntaban públicamente- a 2.000 trabajadores en esta obra? Con 2.000 trabajadores el entorno estaría como la Feria; no habría forma de aparcar y los embotellamientos a la salida de los tajos serían kilométricos. Y no hablemos de su influencia en bares y comercios cercanos. Pues bien, de esto, nada”.
La indemnización
El tercer argumento que Antonio Pulido, presidente de Cajasol, pondrá encima de la mesa en su encuentro de hoy con Zoido es que paralizar la obra y renunciar a sus 43 plantas y 178 metros de altura implicaría una indemnización por daños, perjuicios, lucro cesante, etcétera, que ascendería al menos a 200 millones de euros, un dinero que, obviamente, el Ayuntamiento no tiene.
Pero, incluso en la hipótesis de que todo el proyecto hubiera sido ya construido en vez de tener actualmente sólo 14 plantas, ¿valdría realmente el rascacielos diseñado por César Pelli los 353 millones en que lo cifró la consultora Deloitte? Puede tomarse como elemento comparativo otro rascacielos similar, también diseñado por el mismo arquitecto argentino, en este caso para Iberdrola en Bilbao, con 165 metros de altura y 41 plantas. Terminado de construir el año pasado, su presupuesto era de 175 millones. Este coste va en línea con el que declaró Cajasol cuando pidió la licencia de obras al Ayuntamiento: 130 millones de euros.
Como las tasas municipales por licencia de obras se abonan conforme al presupuesto presentado, de insistir Cajasol en su tesis de que el rascacielos cuesta realmente 353 millones y no 130 a la hora de exigir una indemnización, se arriesga a que Zoido revise todo el proyecto e incluso a que pueda adoptar otro tipo de medidas de mayor calado, por haberse recibido en Urbanismo una información no acorde con la realidad.
Según los arquitectos Mendoza y García-Tapial, toda la edificabilidad del proyecto que rebase las seis plantas es disconforme con el PGOU, por lo que el Ayuntamiento tendría otra arma que esgrimir en la negociación con Cajasol. García-Tapial calculó hace tres meses que si se demolían las plantas 7, 8 y 9 (ésta era la máxima hasta entonces alzada), el coste de la demolición por parte del Ayuntamiento de la edificabilidad presuntamente ilegal sería de tan sólo 850.000 euros. Dado que se han construido desde esos cálculos cinco plantas más, ese coste hoy ascendería a unos 2,5 millones de euros.
Ladrillo sobre ladrillo
El dictamen de la Unesco permite a Cajasol una salida honrosa de un proyecto cuya ejecución completa no sólo condenaría a Sevilla a perder su privilegiada condición de Patrimonio de la Humanidad, sino que carece de lógica económica por cuanto supone contraer nuevos riesgos en el sector inmobiliario después de que el estallido de la ‘burbuja’ inmobiliaria pusiera a la caja contra las cuerdas y la obligara a pedir al Banco de España una ayuda pública por valor de casi 1.000 millones de euros.
Mientras el nuevo Gobierno de Rajoy y el Banco de España están instando a los bancos a que provisionen sus pérdidas en el ladrillo y a que no comprometan más inversiones en un sector que está afectado de lleno por la crisis, Cajasol destina 353 millones -datos de Deloitte- a levantar una torre de oficinas para un mercado donde no sólo no hay demanda, sino que además hay un exceso de oferta, estimado por la consultora BNP Paribas hace dos años en 174.000 m2. Según su informe, en las condiciones de entonces -y han empeorado en este tiempo, mientras que el FMI predice varios años más de recesión para España- se necesitaban diez años más para comercializar toda esa superficie disponible en la periferia de Sevilla, y de cuatro a seis años en La Cartuja y el Centro.
El 31 de enero del año pasado, el Banco de España obligó a la banca a revelar su exposición al riesgo inmobiliario. La de Cajasol/Banca Cívica era de 9.187 millones de euros. Pese a ello, y en un proceso de ‘sostenella y no enmendalla’ que recuerda al del rector Joaquín Luque con la biblioteca universitaria en el Prado, Antonio Pulido sigue empecinado en gastar unos cuantos cientos de millones más en el ladrillo de la torre Pelli/Cajasol ante la inhibición del Banco de España, y en pasar a la historia como el hombre por cuya obcecación Sevilla perdió su título de Patrimonio de la Humanidad.
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