En concreto, el PP reclama que haya unos criterios homogéneos sobre la acreditación de centros, servicios y entidades que actúen en el ámbito de la dependencia, con la finalidad de “garantizar” unos servicios de calidad comunes a todos los españoles.
Para ello, el grupo parlamentario popular registró en el Congreso de los Diputados una proposición de ley, en cuya exposición de motivos asegura que la actual norma, aprobada hace más de tres años, “está resultando un fracaso”, además de generar “una enorme frustración a las personas dependientes y a sus familias”.
Según los populares, el sistema para la autonomía y atención a la dependencia se está aplicando de forma “muy desigual”.
“No sólo no se han reducido las desigualdades territoriales preexistentes en la atención a las personas dependientes, sino que se han acrecentado hasta el punto de que con idéntico grado y nivel de dependencia, la prestación puede ser completamente dispar, en función de la comunidad autónoma de residencia”, según el PP.
Para este grupo, la “falta de unidad” de criterios en los servicios, públicos y privados, también afecta a la calidad de los mismos.
El PP plantea una nueva redacción del artículo 34 de la citada ley, en la que establece la obligación de la administración general del Estado de fijar los criterios comunes de acreditación de centros y planes de calidad del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
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