España no se merece un Gobierno apoyado por los enemigos de la nación. El Gobierno de coalición compuesto por PSOE y Podemos ha sido posible gracias a las abstenciones de ERC y Bildu en la sesión de investidura, dos formaciones contrarias a la Constitución que los españoles nos concedimos en 1978 y a las que nada les preocupa la gobernabilidad del país, como ya reconoció la diputada de ERC, Montse Bassa, cuando expresó en la referida sesión que dicha gobernabilidad le importaba “un comino”.
Los acuerdos forjados por PSOE y Podemos para la composición del Gobierno central, el primero de coalición en la vigente etapa democrática, han obligado a ambos a conformar un ejecutivo con hasta 23 miembros, cifra claramente superior a los 13 del ejecutivo liderado por Mariano Rajoy y a los 14 designados por José María Aznar en su primera legislatura (16 en la segunda), lo que demuestra que el Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez ha tenido que meter a presión los sillones azules en la primera fila del hemiciclo.
Hay que subrayar que el ejecutivo de Sánchez ha pasado de contar con una sola vicepresidencia a disponer de hasta cuatro, con la única intención de acomodar a Pablo Iglesias y de procurar, al tiempo, la difuminación de su poder. Tal estructura tan solo redunda en un aumento del gasto público, pues en absoluto responde a la solución de las necesidades de los españoles, sino a una lucha de equilibrios entre los dos socios de Gobierno en atención a sus intereses particulares.
El nuevo Gobierno ha permitido visibilizar también que el matrimonio formado por Pablo Iglesias e Irene Montero ha pasado de luchar contra lo que denominaban “casta patriarcal” a formar parte de lo más selecto de ella. Algunas de sus denunciables líneas estratégicas, como ya se ha podido comprobar, pasan por el apoyo a reivindicaciones de Bildu, formación que no ha condenado a ETA, y por crear confrontación en torno al franquismo, régimen que desapareció en España hace la friolera de 45 años.
Especialmente denunciable resulta la decisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de intervenir las cuentas de la Junta de Andalucía alegando exceso de déficit, cuando la realidad es que el problema lo creó ella misma en su etapa como consejera al frente de las cuentas de la región en el periodo de Gobierno de Susana Díaz, quien sigue liderando un PSOE-A que todavía no ha dado explicaciones por el fraude de los ERES, fraude que constituye, por mucho que quieran ocultarlo, el mayor caso de corrupción de la historia de España.
Guillermo Bermúdez es vicesecretario de Comunicación y Redes Sociales de Nuevas Generaciones de El Puerto de Santa María.
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