Alejandro Merello
Verán, el estado de derecho se fundamenta en una serie de normas que nos rigen y que velan por nuestros derechos y obligaciones. Sin este conjunto de normas, el Estado como garante de nuestros derechos, difícilmente podría mantener el status quo.
La Constitución Española recoge al conjunto de esas normas a la cual todos los ciudadanos y poderes públicos nos sometemos. Aceptado esta premisa, la pregunta es: ¿qué pasa con el estado de derecho en España? En mi opinión, el estado de derecho garantiza nuestra condición de ciudadanos libres, es el garante de esta situación.
Lejos de un conjunto inconexo de normas, debe velar por la cohesión de una comunidad en la que la igualdad de oportunidades y obligaciones se han de mantener. Nuestro ordenamiento jurídico, como ocurre con la mayoría de códigos, está sometido a la interpretación.
En nuestro ordenamiento jurídico impera la “mens legis”, una adecuación de la ley a las circunstancias por las que se aplica.Y aquí es donde hemos de colocar el punto y aparte.
Déjenme que les describa una tendencia que vengo observando, con la que seguramente estarán de acuerdo: vivimos la época del “políticamente correcto”. Una época donde uno ha de medir sus palabras antes de expresarlas públicamente.
Dónde confundimos la condena con el derecho del reo, donde confundimos la educación con el castigo, el insulto con la verdad. No olvidamos que la condena es la consecuencia de nuestros actos, el castigo es la prevención de males mayores y que la verdad sin tapujos suele enmascarar a la imprudencia.
Y como consecuencia de lo políticamente correcto, movimiento acuñado por la más rancia post izquierda, vemos casos indecentes de abusos a mujeres por reos en permisos de fines de semana, vemos casos de ocupación ilegal de viviendas porque la ocupación consecuencia de un acto violento que no es atajado en el momento de su despliegue sólo puede ser revertido por un juez.
Violencia callejera, menores desamparados que delinquen frente a las cámaras de los medios de comunicación y a plena luz del día. La ley ampara al reo, en caso de duda en favor del reo, “in dubio pro reo”… ¿y qué pasa con el denunciante?, ¿qué pasa con el bueno? ¿Qué hacemos con la mujer violada?, ¿qué hacemos con el anciano al que le han ocupado su casa?, ¿qué hacemos con la madre que separan de su hijo porque un juez admite a trámite una denuncia por la acción correctora de esta? ¿Qué hacemos con los familiares de Marta del Castillo, de Sandra Palo?
Seguiremos así, actuando correctamente, políticamente hablando… claro. Mientras el protegido queda desamparado, con unas leyes garantistas, ¿pero en favor de quién?
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