La ley especifica que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más límites que los contemplados en la propia norma. Como las licencias que otorga el Ayuntamiento a los bares para la instalación de veladores no afectan a la defensa nacional o a la propiedad intelectual, por citar dos casos singulares, aquéllas deben ser de conocimiento público. Es tan elemental y obvio que cae por su propio peso, como ha determinado el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, el cual ha concedido amparo a un vecino de la Avenida de Málaga que pidió al Consistorio el expediente para conocer el número real de veladores autorizados a un local sito junto a su vivienda y tras meses de espera sólo obtuvo el silencio por respuesta administrativa.
Es un contrasentido que por una parte el Ayuntamiento realice batidas para la retirada de veladores ilegales en el espacio público y, por otra, deniegue a los vecinos que sufren esa proliferación presuntamente ilegal la información que permitiría constatar la situación de ilegalidad, máxime tras las promesas de transparencia de la Alcaldía y cuando el Consistorio debería ser una casa de cristal, sin ocultaciones de ningún tipo. Si este vecino tuvo que pedir oficialmente la información fue porque tampoco se cumplía la exigencia de exponer en lugar visible la licencia de veladores, una omisión que es habitual en la ciudad.
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