"Mi delito fue heredar la casa de mi tía, en la que llevaba 20 años viviendo mientras la cuidaba". Ana Rosario Arenas es una de las afectadas por el impuesto de Sucesiones. No es la única. La vivienda que heredó, afirma, se valoró para el cálculo del impuesto por encima del doble de lo que marcaba el Catastro.
El padre de Maribel Pires falleció en 2010. A ella, la Junta le reclama 130.000 euros por el 50% de su propia vivienda y el 50% de la de su madre, de 73 años. "El otro 50% es suyo", explica. "Vivimos en una angustia permanente. Tenemos las cuentas y los sueldos embargados. Y mi hermano ha tenido que vender su casa para pagar".
María Angustias quedó viuda. A ella le piden unos 70.000 euros. "El Catastro revisó a la baja el valor de la vivienda con carácter retroactivo, pero la Junta ya había hecho la liquidación y no acepta esa valoración", se lamenta. "Estoy embargada y soy morosa en todos sitios".
La Comisión Europea acaba de admitir a trámite la denuncia de Stop Impuesto de Sucesiones, "lo que significa que la UE entiende que algo no funciona bien", en palabras de Juan Carlos Valverde, presidente de la plataforma.
La plataforma insiste en denunciar la "falacia" de que se trata de un impuesto para ricos y la "demagogia" de que con este impuesto se financian la sanidad y la educación. "En 2016, este impuesto supuso para las arcas públicas 379 millones de euros, un 0,2% del PIB de España. Con ese dinero no se paga nada", asegura Valverde.
Son muchos los casos de personas arruinadas por tener que afrontar el impuesto que grava las herencias, que en 15 países de la Unión Europea no existe y que el resto lo mantiene, "no con afán recaudatorio, sino regulatorio", indica Juan Carlos Valverde.
España ya fue condenada en 2014 por el Tribunal de Justicia Europeo con argumentos similares a los que esgrime la plataforma, en relación a los no residentes. "Lo que ahora pretendemos es que se reconozca que se están vulnerando derechos también en el caso de los residentes".
"Cada historia detrás de este impuesto es un drama", afirma Valverde. "La Junta fue la heredera más beneficiada por la muerte de mi padre". Quien habla es Fabiola. Con los ahorros de su padre, trabajador, pudieron afrontar el pago del impuesto. Cuatro años después, la Junta envió un inspector para hacer una paralela a una liquidación de gananciales previa de sus padres. "Me acusan de un delito de simulación porque mi padre quiso repartir sus ahorros en vida". Se lo comunicaron horas antes de que hubiera prescrito.
Un año para pronunciarse
El proceso que se inicia ahora será lento. La Comisión Europea no agotó los 15 días de que disponía para responder a la demanda y la admitió en sólo dos días. Pero a partir de ahora dispone de un año para estudiarla.
El letrado de la plataforma, Armando Rozado, explica que en este tiempo la Comisión podría requerir a los denunciantes o a la administración española más documentación antes de decidir archivar la denuncia o requerir a España un posicionamiento sobre la situación. Tras ello, podría venir un segundo requerimiento (llamado "recomendación") para que el Estado español adaptara la normativa que regula el impuesto a la legislación europea. Y sólo si no se atendiera esta "recomendación" se derivaría el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.
Aunque el de sucesiones en uno de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, la denuncia de la plataforma se dirige contra el Reino de España. El objetivo no es otro que cambiar la ley. Si esto llegara a ocurrir, los casos de personas afectadas en estos momentos habría que estudiarlos uno a uno. "Se podrían reclamar ingresos indebidos. Algo así como pasó con la cláusula suelo".
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