Hace dos días, un juez de Palma de Mallorca, Miquel Florit, ordenó el registro de las sedes de Europa Press Baleares y de Diario de Mallorca para decomisar los teléfonos móviles y ordenadores de dos periodistas. La orden contaba con el aval de la fiscalía. Esta decisión vulnera de forma flagrante el secreto profesional de los periodistas, reconocido en el artículo 20.1.d de una Constitución que ahora cumple 40 años. Estamos a la puerta de tristes y aciagos tiempos si los que le espera a la sociedad es ver cómo los poderes amordazan a la prensa, que sigue siendo la única que fiscaliza, denuncia y persigue los abusos del poder en todo el mundo. La dramática escalada de los últimos años contra la libertad de expresión ante la Justicia menos independiente y más dirigida política y económicamente culmina con la vulneración del secreto profesional, garante primordial de los periodistas para acorralar a los corruptos y delincuentes. Cada vez más los profesionales del periodismo nos encontramos con obstáculos que creíamos superados y que florecen en nuestra sociedad y que lejos de ser repudiados encuentran un caldo de cultivo que se propaga como un virus por las redes sociales, donde el sentido común está bloqueado.
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