Un total de 30 municipios onubenses ha superado ya la primera fase del proceso de regularización de viviendas ilegales abierto por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, a través de la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Éste es, según ha asegurado en declaraciones a Europa Press la delegada territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Josefa González Bayo, el grado de evolución en la provincia de Huelva de esta medida, que amparará a los inmuebles construidos en suelos no urbanizables para los que hayan prescrito las acciones disciplinarias y estén ubicados en parcelaciones que no constituyan asentamientos urbanísticos. La legitimación de estos últimos corresponde a los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) mediante su clasificación como suelo urbano o urbanizable.
Sin precisar el número de viviendas que pueden ser objeto de esta regularización en la geografía onubense, ya que son los propios ayuntamientos los que tienen que definir la cantidad exacta con la elaboración de un diagnóstico exhaustivo de la situación real de su municipio que incluya un inventario de las construcciones afectadas, Josefa González Bayo ha aclarado que "en ningún caso estamos ante una amnistía o legalización". Se trata, simplemente, según ha continuado la responsable autonómica de la materia en Huelva, de un acto de "justicia social".
No obstante, se estima que la cifra puede oscilar entre los 20.000 y los 25.000 inmuebles en toda Andalucía, con una incidencia mayor en las provincias de Almería y Málaga.
La delegada territorial ha argumentado, en esta línea, que lo que va a hacer el Gobierno andaluz es "brindar a miles de familias la seguridad jurídica necesaria para acabar así con esa espada de Damocles que hasta ahora pendía sobre sus hogares".
La iniciativa servirá, en este sentido, para que estas casas puedan tener la consideración de edificaciones asimiladas al régimen de fuera de ordenación (AFO) y, con ello, contar con los servicios básicos de luz, agua y saneamiento, así como acceso al registro de la propiedad.
"Eliminamos, en consecuencia, la incertidumbre y la desigualdad de trato con la que conviven a diario las personas que residen en estas viviendas aisladas en uso residencial", ha apostillado González Bayo, quien ha recordado que los propietarios también deberán adoptar "medidas correctoras urgentes" para eliminar los impactos paisajísticos o ambientales que pudieran haberse producido, en especial, sobre los recursos hídricos.
EL PROCEDIMIENTO
La primera fase de la tramitación hacia la regularización de las diversas modalidades de construcciones que existen en cada término consiste en que los municipios determinen qué viviendas irregulares se encuadran en sus asentamientos urbanísticos, con qué hábitats rurales diseminados cuentan y, por último, cuáles son las edificaciones aisladas cuya reconducción debe venir de la mano de la declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación, ya sea a través de la aprobación de avance o de la declaración de innecesariedad.
Un punto en el que la representante de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva ha insistido en que, para que pueda aplicarse la medida, los inmuebles han de acumular más de seis años de antigüedad, no ubicarse en suelos protegidos o con riesgos naturales (zonas inundables) y no tener abierto ningún procedimiento judicial o alguna sanción administrativa.
En la provincia, la fórmula más empleada hasta el momento por los consistorios es la de la declaración de innecesariedad (no tienen asentamientos, sólo construcciones aisladas), camino que han culminado ya 22 municipios: Almonte, Bonares, Cartaya, El Cerro de Andévalo, Cortelazor, Chucena, Escacena del Campo, Galaroza, Higuera de la Sierra, Isla Cristina, Lepe, Manzanilla, Los Marines, Puebla de Guzmán, San Bartolomé de la Torre, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán, Valverde del Camino, Villablanca, Villanueva de los Castillejos, Villarrasa y Zufre.
Por su parte, otros ocho ayuntamientos han procedido ya a la aprobación de avance, vía utilizada cuando se entiende que existen asentamientos o hábitats rurales diseminados: Almonaster la Real, Beas, Corteconcepción, Cumbres Mayores, Hinojos, Minas de Riotinto, La Palma del Condado y Trigueros.
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