Libertad con cargos para la exalcaldesa socialista de Peñarroya, Luisa Ruiz, y los dos empresarios catalanes detenidos dentro de la operación que desarrolla la Guardia Civil en varias provincias por presuntas irregularidades en subvenciones europeas, nacionales y autonómicas sobre las antiguas zonas mineras del carbón.
Así, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Perraroya (Córdoba) ha decretado para los tres detenidos, que han pasado a disposición del Juzgado esta misma tarde después de permanecer en dependencias de la Guardia Civil desde el pasado lunes, libertad con cargo acusados de "delito contra la administración, fraude y falsedad documental", según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Igualmente, el Juzgado no ha impuesto medidas cautelares para la que fuera alcaldesa de Peñarroya, si bien, a los empresarios catalanes, con las iniciales de C.G. y R.O., les obliga a presentarse en los juzgados los días 1 y 15 de cada mes.
La operación 'Rocket', que continúa abierta, se desarrolla por la Guardia Civil en Córdoba, Barcelona, Lérida, Valencia y León y se salda hasta el momento con unos 12 imputados, relacionados con las presuntas irregularidades en subvenciones europeas, nacionales y autonómicas sobre las antiguas zonas mineras del carbón, centradas en el municipio cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo.
Entre los imputados se encuentran la exsecretaria y la exinterventora municipal, así como otros técnicos del Ayuntamiento local, al tiempo que no se descarta que se amplíen las imputaciones o detenciones, destacando que hasta el momento ha sido detenida la exalcaldesa del PSOE en la población Luisa Ruiz, y otras dos personas más, en la provincia de Barcelona.
Asimismo, en la jornada de este miércoles continuaron los registros en una sede de una entidad ubicada en Peñarroya y que preside el marido de la exregidora, según las fuentes de la investigación, después de que este martes los agentes de la Guardia Civil registraran el Consistorio para cotejar datos en la investigación, así como la casa de la exalcaldesa, entre otras sedes, como la de la empresa municipal 'Promociones Industriales'.
En concreto, la denuncia inicial puesta por el gobierno municipal actual del PP en octubre de 2012 apuntaba a la existencia de supuestas irregularidades en relación con la gestión de las subvenciones otorgadas para los proyectos de instalación del denominado Tren Turístico 'El Guadiato', por valor de 1,8 millones de euros, y del Museo del Ferrocarril, con unos 500.000 euros para "la compra de unas máquinas", si bien la Guardia Civil ha extendido la investigación a otras ayudas de las que ha sido beneficiario el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo entre los años 2007 y 2011, y en estos momentos, "ni siquiera sabemos hasta donde han podido llegar" las ayudas, según relató este martes la alcaldesa de Peñarroya, María Gil.
Así, la operación es fruto de la investigación desarrollada a raíz de la denuncia del actual gobierno local, para esclarecer el destino final de subvenciones europeas, nacionales y autonómicas, otorgadas para el desarrollo económico de las antiguas zonas mineras del carbón, así como presuntas irregularidades que también afectarían a los posteriores procesos de contratación pública que se articulaban para hacer efectivas las distintas actuaciones subvencionadas.
Cabe destacar que la operación la llevan a cabo agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, apoyados por Unidades del Cuerpo de las zonas de actuación, todo bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba). La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, continúa abierta, no descartándose futuras detenciones y/o imputaciones.
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