El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado este jueves, por vía de urgencia, el Plan Provincial de Inversiones en Municipios con Núcleos de Población Distintos al Principal 2013, también conocido como Plan de Aldeas, "para acometer cuanto antes las actuaciones previstas en las aldeas, una vez terminado el plazo de solicitud y los estudios pertinentes por parte de los técnicos de la institución provincial".
Así lo ha destacado el portavoz del gobierno del PP en la Diputación, Andrés Lorite, quien ha recordado en que este programa "tiene un objetivo claro, en cuanto a la vertebración territorial y a la posibilidad de que estos núcleos tengan la capacidad de disponer de sus servicios básicos".
En este sentido, Lorite ha destacado que "esta es la política que este gobierno está realizando, en cuanto a la discriminación positiva para esa realidad social, que es un hecho diferencial de unos municipios respecto a otros, por cuanto que la gestión no cuesta lo mismo ni es igual en todos ellos".
Otro de los asuntos destacados de la sesión plenaria de este jueves ha sido el relativo a la adopción de medidas para la optimización del Sistema Arbitral Provincial de Consumo, para que jóvenes letrados se conviertan en árbitros especializados para resolver conflictos, de manera extrajudicial, entre usuarios y empresas.
A este respecto, la vicepresidenta segunda y delegada de Consumo en la institución provincial, María Jesús Botella, ha señalado que con este acuerdo se busca "optimizar y mejorar el sistema arbitral de consumo y dar la oportunidad a jóvenes abogados, pero que cuenten con experiencia".
En el paquete de estas medidas, ya aprobadas, se incluye la revisión de las cuantías de las indemnizaciones por servicios de arbitraje. Así, el importe por laudo para árbitros será de 30 euros y de 50 para los presidentes, con un máximo diario de 90 euros para árbitros y de 150 para presidentes.
Junto a esto, Botella ha resaltado que también se ha conseguido "reducir el gasto de las dietas", debido a su eliminación para los presidentes en los actos de arbitraje, al ser funcionarios de la propia Diputación. La consecuencia es que en 2011 los laudos que se dictaron supusieron 68.000 euros de gasto para la Diputación y que en 2012 fueron 15.398 euros, por la eliminación de dichas dietas y porque se apostó por la mediación, lográndose más acuerdos sin necesidad de recurrir a un laudo.
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