El que fuera consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, ha demandado a la Junta de Andalucía para que se haga cargo de los gastos generados por su defensa en el caso de los ERE. Un asunto sobre el que debe responder en relación a unos supuestos hechos cometidos durante su mandato en la administración pública andaluza. El paso dado por el que fuera todopoderoso dirigente viene precedido de la resistencia de dicha institución a asumir la minuta de su abogado y eso que ya ha habido, al menos, dos sentencias que le obligan a ello. Hasta ahora, la respuesta oficial está resultando insuficiente, de ahí la correspondiente reclamación que se une a otras ya presentadas por el resto de ex altos cargos públicos también procesados. No es de extrañar, incluso, que le sigan los ex presidentes, Manuel Chaves y Jóse Antonio Griñán, dado que consideran que la ley les asiste para que se asuma dicho coste que, de momento, está recayendo en sus limitadas economías familiares llevándoles, prácticamente, a la ruina.
Lo sucedido en este caso, y en otros similares menos conocidos, pone de manifiesto las difíciles condiciones que se han fijado en nuestro entorno para el ejercicio de la política. A la permanente exposición pública a la que se someten los dirigentes, porque así lo han decidido, por supuesto, se une la escasa cobertura jurídica con la que cuentan por no hablar de sus limitadas retribuciones y demás requisitos que hacen cada vez menos atractivo desempeñar responsabilidades públicas. Se les exige sacrificios, como una especie de sacerdocio en favor de la comunidad, hasta el punto de que si abandonan o son destituidos tienen derecho, solo en los niveles más altos, a una modesta cesantía que, para colmo, está demonizada ante la opinión pública. No se repara en que es imprescindible si queremos que esos políticos no incurran en incompatibilidades.
Y no digamos del personal de confianza, en su mayoría, técnicos muy cualificados que, por no tener, no tienen ni derecho al cobro del subsidio de desempleo. Señalar esta situación resulta impopular pero hay que hacerlo. Tal vez, todo ello suceda a consecuencia de los niveles de corrupción alcanzados, pero lo cierto es que como respuesta hemos construido un modelo cada vez más inhóspito, bajando el listón y creando un hábitat más propicio para los mediocres. Antes, formar parte de la élite de la administración autonómica era todo un orgullo. Ahora cada vez resulta más difícil captar buenos y eficaces profesionales que contribuyan al buen gobierno de lo público. Algo estamos haciendo mal, desde luego.
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