La Asociación Iniciativa Social por una Chiclana y un IBI real ya advirtió el paso año cuando el TSJA dictó sentencia anulatoria del PGOU de los daños que iba a suponer si el Tribunal Supremo confirmase la anulación, como así finalmente ha sucedido.
Esta entidad social señala que a través de la ventanilla virtual se cursó escrito a la Alcaldía indicándole, entre otras cuestiones, que el coste a la arcas municipales que va a suponer si se confirmase la anulación del PGOU por el Tribunal Supremo solamente en devoluciones del IBI a todos esos contribuyentes donde sus suelos los habían calificados en el PGOU como “urbanos no consolidados”. Más de 14.000 contribuyentes residentes en el diseminado, y que ahora pasan a ser rústicos, "lo que va a suponer un coste aproximado de unos 18 millones de euros, pues deben devolverse desde el año 2016 hasta el presente 2021 ya que se ha cobrado catastralmente como urbano lo que en realidad son suelos rústicos, como así lo hace saber y lo confirma la sentencia del Tribunal Supremo", indica la asociación.
Desde la entidad chiclanera "creemos que hay que exigir no solo responsabilidades políticas al alcalde y concejales que dieron su aprobación en el Pleno Municipal a dicho PGOU, sino también a los técnicos que han redactado dicho plan urbanístico, así como a aquellos que emitieron informes favorables al mismo, y también hacia aquellos que desoyeron las más de 2.000 alegaciones que en su día presentaron los ciudadanos de Chiclana hacia dicho PGOU las cuales fueron rechazadas todas".
Desde la asesoría jurídica de la asociación, se señala también que igualmente existe responsabilidad civil por parte de la empresa adjudicataria de dichos planes anulados en este caso la empresa del arquitecto Fustegueras denominada Territorio y Ciudad
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