El Partido Popular lleva su lucha contra la ocupación ilegal de viviendas al pleno municipal con una moción que pretende recabar el apoyo del resto de grupos políticos con representación en el Ayuntamiento.
La propuesta del PP busca que la Corporación apruebe manifestar el firme compromiso del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra ocupación ilegal de viviendas. Un compromiso que “es compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos y familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda”, afirma la presidenta y portavoz popular, Ascensión Hita.
Asimismo, la iniciativa del PP chiclanero contempla que se inste al gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas.
Dentro de dicha medida, también se pretende conseguir el apoyo a las modificaciones legales y las medidas incluidas en la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, así como dar traslado de este acuerdo al Ministro de Justicia y a la Presidenta y portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.
Cabe destacar que la proposición de ley defendida por el Partido Popular introduce medidas como que la autoridad pública o sus agentes podrán desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 12 horas sin necesidad de esperar meses; considera nula la inscripción en el Padrón municipal cuando la persona inscrita sea un ocupa ilegal; agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y regula nuevas penas para quienes fomenten la ocupación ilegal y si estas personas son responsables políticos incluye una inhabilitación de 15 años para ejercicio de cargo público.
Además, refuerza los medios de los que disponen las comunidades de propietarios para combatir la ocupación ilegal, y las negativas consecuencias que tiene para la convivencia y la seguridad de los vecinos, que podrán adoptar medidas preventivas tales como tapiar o cerrar puertas o ventanas.
Crece la ocupación ilegal de viviendas
La ocupación ilegal de viviendas, según los últimos datos publicados, ha crecido un 58% en los últimos cinco años pasando de 7.739 casos denunciados en 2013 a 12.214 en 2018. Solamente entre los meses de enero y junio de 2020 se han registrado 7.450 denuncias por ocupación, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado, según datos del Ministerio del Interior.
De media, se producen 41 denuncias diarias por ocupación ilegal de inmuebles. Los cálculos estiman que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España a las que habría que sumar aquellas cuya ocupación no se ha denunciado.
“Estos datos nos muestran como la ocupación ilegal es un problema creciente en nuestro país que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución Española (artículos 47 y 33 respectivamente) sino que, además, altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes”, manifiesta Hita.
Según defiende el PP, “esta alteración de la convivencia vecinal se produce por la proliferación de bandas organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de forma ilegal a personas o familias en situación de vulnerabilidad o para conseguir del legítimo propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente”.
Para la formación popular, en los últimos años se han producido avances legislativos en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas como ocurrió en 2018 a través de la Ley 5/2018 que modificó la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas acortando plazos y agilizando procedimientos. Pero es necesario, a la vista de las cifras anteriormente mencionadas, reforzar el ordenamiento jurídico para que los ocupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica además de luchar activamente contra la mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio.
Para ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una Proposición de Ley Orgánica que, por un lado, refuerza el concepto de domicilio pero ligado al del legítimo propietario, poseedor o titular de un derecho sobre la cosa inmueble, frente a quién ocupa sin título y sin tolerancia del primero.
Y por otro lado, define por primera vez de manera inequívoca qué es la ocupación ilegal: “la tenencia o disfrute de cosa inmueble ajena, sin pago de renta o merced, ni razón de derecho, que no se encuentra amparada en la mera liberalidad o tolerancia del propietario o poseedor real”.
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