La Plataforma Andaluza por la Educación Pública, constituida por las organizaciones sindicales CCOO, UGT y USTEA, la Confederación de Asociaciones de padres y madres CODAPA, y el Frente de Estudiantes FdE, a la que se han unido a última hora ANPE y CSIF, ha anunciado su "más rotundo rechazo" a el nuevo Decreto de escolarización y llama a la movilización y la huelga por la defensa de la escuela pública. Además, CCOO denuncia el cierre de medio centenar de líneas de Infantil y Primaria en el Campo de Gibraltar durante los dos últimos cursos.
Tras la aprobación por el Consejo de Gobierno de Andalucía del nuevo Decreto que regula la escolarización en la comunidad andaluza el pasado lunes, la Plataforma por la Educación Pública ha decidido convocar una huelga educativa el próximo miércoles 4 de marzo para mostrar "el más completo desacuerdo con esta nueva normativa", ya que "se trata de un ataque a la línea de flotación de la escuela pública andaluza".
"Para esta plataforma son del todo inaceptables y de una gravedad extrema las medidas que pretenden implementar que, sin ninguna duda", ha manifestado Sebastián Alcón, secretario General del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Cádiz, "ahondan en la línea política de liberalización y privatización de los servicios públicos que el Gobierno de Andalucía está llevando a cabo".
"La profundización en las políticas de libertad de elección de centro y la planificación educativa regida por criterios de demanda social, traerán como consecuencia un incremento de la segregación escolar, como ya ha sucedido en la Comunidad de Madrid, tal como advierten numerosos estudios realizados al respecto", ha señalado Alcón. "Es tarea irrenunciable de los poderes públicos garantizar la realización efectiva del derecho a la educación en condiciones de igualdad y estas políticas segregadoras y de ataque al sistema público no garantizan este derecho".
Además, para las organizaciones integrantes de esta plataforma la "discriminación positiva" que esta nueva norma extiende sobre los centros privados-concertados, al establecer la máxima puntuación por proximidad en un centro de cada tipo, abrirá, "más aún, la puerta para la supresión de unidades públicas". En este sentido, han recordado que la escuela pública lleva "sufriendo la problemática del cierre de aulas de una manera especialmente grave en los últimos años".
Desde CCOO han criticado que la supresión de unidades escolares "está dañando la educación pública andaluza", precisamente "la que ofrece mayores garantías de igualdad de oportunidades y de cohesión social". A este respecto, Alcón ha recordado que en octubre de 2019 presentó un estudio de esta organización sindical que muestra que en el Campo de Gibraltar en Educación Infantil se suprimieron el curso pasado trece unidades y en el actual once, mientras fueron trece las suprimidas en Primaria el pasado curso y quince el presente.
Por otro lado, esta plataforma no puede compartir el hecho de que, en un contexto de descenso de la natalidad, "en lugar de apostar por una bajada de la ratio y por mejorar la atención y los recursos de la escuela pública para mejorar su calidad, la Administración priorice la aprobación de un decreto encaminado a desfavorecer la enseñanza pública".
Por último, "se hace preciso dejar rotundamente claro que la aprobación de este decreto no es fruto del consenso con la comunidad educativa, tal y como aseguró el Consejero de Educación, Javier Imbroda, ya que tanto en el Consejo Escolar de Andalucía como en los espacios de negociación con las organizaciones sindicales se ha mostrado el rechazo a las medidas más agresivas para la educación pública que introduce este decreto", ha apuntado Alcón.
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