El Ayuntamiento de Jimena de la Frontera se personará como acusación particular en el caso Gremio, cuyo procedimiento judicial está abierto desde 2013 en los juzgados de San Roque. La empresa reclama en el Contencioso-Administrativo una deuda de 239.560,11 euros
El equipo de gobierno de IU toma esta decisión tras la denuncia interpuesta por la empresa
Gremio, Animación y Servicios Socioculturales SL, organizadora de varias ediciones del Festival de Música de Jimena, por la que reclama a la entidad municipal a través del Juzgado Contencioso-Administrativo de Algeciras una deuda de 239.560,11 euros, incluidos los intereses de demora por los gastos que generaron los festivales de música de Jimena en los ejercicios 2005, 2006 y 2007.
El reconocimiento de esta deuda ya fue aprobado en el Pleno de 22 de marzo de 2010 con informes negativos de la Intervención. En dicho documento se destaca la disconformidad en el pago de dicha deuda al no estar el acuerdo de colaboración aprobado en su fecha, no existir expediente de contratación, no estar justificado el déficit ocasionado a la empresa y no recogerse en el convenio el pago de patrocinios.
Estos informes fueron claves para la imputación por un supuesto delito de prevaricación administrativa al anterior gobierno socialista (2007-2011). Todos sus miembros declararon como investigados en febrero de 2014.
Gremio exige ahora al municipio el pago de 239.560,11 euros, la cantidad pendiente de facturas que suman 483.542,7 euros, del Festival de Música de los años antes citados.
En 2005, el coste del Festival de Música fue de 51.226,83 euros; en 2006, las facturas sumaron 33.489,76 euros; y finalmente, en 2007, llegaron hasta los 398.826,11 euros. El coste del total de las ediciones superaron el 1.300.000 euros.
El Caso Gremio se basa en una denuncia tramitada en noviembre de 2013 por el Partido Popular, con Guillermo Ruiz como alcalde, al entender que el anterior gobierno del PSOE prevaricó al ordenar un pago de 351.542,70 euros a la empresa Gremio. Según la denuncia interpuesta en su momento, el convenio de organización del festival consideraba que la empresa operaba a riesgo y ventura, en función de la venta de entradas. Frente a esto, el PP sostuvo que el gobierno del PSOE aprobó durante su etapa en el Consistorio jimenato el pago de ese dinero con dos informes en contra, el de la Intervención municipal y otro de la Diputación Provincial de Cádiz.
La causa está ahora en el juzgado de San Roque, pendiente de abrir el juicio oral a petición de la Fiscalía del área de Algeciras.
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