Los cuatro acusados de la causa penal por el caso del parking Escalinata prestaron ayer declaración ante los magistrados en la sección 7ª de la Audiencia Provincial. Todos coincidieron en alegar que no son responsables de la construcción ni de los daños producidos al edificio del mismo nombre que obligó al realojo de sus vecinos. En lo que discrepan es en calificar la obra de pública o privada.
Así, el arquitecto municipal en aquel momento, Arsenio Pacios, indicó que “en ningún momento” fue “nombrado por el Ayuntamiento para fiscalizar la obra” y que en sus informes trasladaba los datos ofrecidos por el director de la obra, ya fallecido, y la consultora contratada por acuerdo con los propietarios afectados. En su opinión, el problema lo generó “un error en los cálculos y el cambio de técnica en la excavación”, realizados por una empresa especializada, y recordó que él no votó por la propuesta elegida, de Nautagest.
El exconcejal de Urbanismo José Ortega defendió que la licitación, que “no exigía licencia” (aunque una sentencia posterior indicó que sí era necesaria), la elaboraron la Secretaría General y la delegación de Patrimonio, por lo que no era “responsable”, dijo.
En cuanto a los acuerdos de 2004 para el pago de indemnizaciones, tanto el exalcalde Juan Antonio Palacios como el exconcejal de Hacienda Tomás Herrera indicaron que el Ayuntamiento fue “un mero mediador” y que era Nautagest quien la pagaba.
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