El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Algeciras, Jose Luis Alcántara, ha comunicado el registro de una moción para su debate en el pleno municipal ordinario del próximo viernes, sobre la derogación del apartado número 3 del artículo 315 del Código Penal, en el que se interpreta una criminalización del derecho a huelga por parte de los y las trabajadoras.
En la moción se argumenta que este artículo del actual Código Penal, viene a tipificar los delitos contra la libertad sindical y el derecho a huelga, bajo el Título XV dedicado a los delitos contra los derechos de los trabajadores.
En sus dos primeros apartados tipifican las penas y los agravantes que pueden aumentar dichas penas, pero sin embargo, en su apartado tercero, suscribe las mismas penas en caso de coacción a otras personas a iniciar o continuar una huelga. En este sentido, se observa una interpretación diferente respecto a los dos primeros apartados de este artículo, integrando un nuevo texto sin que existan razones para ello.
Alcántara ahonda en la cuestión, defendiendo la derogación en base a que este artículo proviene del antiguo artículo 496 del viejo Código Penal, cuyo objetivo declarado era el de «hacer frente a la creciente actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión de huelga». Bajo ese eufemismo, el objetivo que se buscaba era la intimidación de las organizaciones sindicales y de los trabajadores más activamente comprometidos con ellas y especialmente reivindicativos, en la organización y desarrollo de los piquetes de huelga.
Prosigue el concejal de la formación de izquierdas incidiendo que este precepto sin embargo no ha sido alterado por las reformas legislativas que se ha venido produciendo posteriormente.
Jose Luis Alcántara ha manifestado que el fondo de la moción viene a decir que el artículo 315.3 del Código Penal ha sido profusamente utilizado en la represión de trabajadores en sus actuaciones de organización o extensión de la huelga. De hecho, hoy día estamos asistiendo a una cantidad de conflictos laborales, dado los recortes en derechos sociales llevados a cabo por gobiernos del PSOE y PP, que se están traduciendo en condenas hacia trabajadores y trabajadores. “De hecho, en los últimos meses, se ha podido constatar la incoación de numerosos procedimientos penales contra trabajadores y trabajadoras y representantes sindicales, derivados del ejercicio del derecho de huelga, para los cuales el Ministerio Fiscal solicita, como regla general, penas privativas de libertad, excesivas y desproporcionadas”.
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