El Gobierno no descarta ninguna vía jurídica en su reclamación sobre Gibraltar y cree que el recurso a una solución jurisdiccional de este contencioso reviste "una especial gravedad", por lo que todas las opciones en este sentido "están siendo cuidadosamente analizadas".
Así consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno a varias preguntas de Jon Iñarritu García, diputado de Amaiur, relacionadas con la reclamación de España sobre Gibraltar, los controles fronterizos en la Verja y la pesca en la zona.
En su respuesta escrita, el Ejecutivo señala que tiene en cuenta, a la hora de resolver este contencioso, la obligación -manifestada por numerosas resoluciones de la ONU- de solucionarlo por vía de la negociación bilateral entre España y el Reino Unido.
Los controles fronterizos, explica, son consecuencia de que el Reino Unido no pertenece al espacio Schengen y al hecho de que Gibraltar tampoco es de la unión aduanera.
"Al no formar parte Gibraltar del espacio Schengen, no ser territorio aduanero comunitario, no aplicarse en consecuencia la libre circulación de mercancías y no aplicarse tampoco el régimen común del IVA, España está obligada a realizar controles en la Verja. Son controles de documentación de naturaleza policial y aduanera de las personas, vehículos y mercancías, plenamente adecuados al Código de Fronteras Schengen", explica el Gobierno.
Por tanto, continúa, esos controles son "irrenunciables" para España en ejercicio de sus responsabilidades ante el conjunto de la Unión Europea, ya que resultan "especialmente necesarios en una zona en la que son frecuentes los tráficos ilícitos de todo tipo".
"Por todo ello, no se puede descartar que se produzcan nuevos reforzamientos de controles en el futuro", apostilla.
Los controles, puntualiza el Ejecutivo, se realizan con la única finalidad de garantizar el cumplimiento estricto de la legislación española y comunitaria, "conforme a los principios de aleatoriedad, proporcionalidad y no discriminación, sin obedecer a ningún tipo de motivación política".
Así, el Gobierno asegura que "no descarta ninguna vía jurídica en su reclamación sobre Gibraltar" y agrega que el recurso a una solución jurisdiccional del contencioso reviste "una especial gravedad", por lo que todas las opciones en este sentido están siendo "cuidadosamente analizadas".
En su comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso para informar sobre los últimos acontecimientos en relación con Gibraltar el 3 de septiembre de 2013, el ministro, José Manuel García-Margallo, subrayó que el compromiso del Gobierno es no tomar ninguna decisión sobre esta materia si no es previa deliberación y acuerdo en las Cortes Generales.
El pasado 5 de noviembre España y el Reino Unido pactaron una declaración sobre Gibraltar que elevaron a la Asamblea General de la ONU y que supone un "primer paso hacia el restablecimiento de la normalidad que se rompió en 2004", según anunció entonces García-Margallo.
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