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Miercoles, 23/05/2018

Campo de Gibraltar

El atún capturado desde el barco de recreo gibraltareño pesaba 208 kilos

Las fuentes del instituto armado recalcaron que en ningún momento se produjo detención alguna, sino que únicamente se les intervino la pesca y las cañas y se les denunció por una infracción administrativa

La embarcación gibraltareña que fue interceptada el pasado viernes por la Guardia Civil en aguas de la Bahía de Algeciras fue sancionada tras hallar los agentes en el interior del barco un atún rojo de 208 kilogramos de peso.

Según explicaron fuentes de la Guardia Civil, los hechos se produjeron el pasado viernes, cuando las cámaras de seguridad del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) detectaron una embarcación a ocho millas de la costa española.

Los agentes comprobaron por dicho sistema que la embarcación recreativa parecía estar practicando labores de pesca, aunque, según han aclarado las fuentes, levantaron también sospechas al tratarse de un punto de la Bahía de Algeciras habitual para la comisión de alijos de droga.

Por ello, se dio parte a la patrullera del Servicio Marítimo, la cual se aproximó a la zona.

Una vez que se requirió información a la embarcación gibraltareña, los agentes comprobaron que portaban en el interior de la misma un atún rojo de grandes dimensiones, por lo que les informaron de que estaban practicando una pesca "en veda", y les pidieron que les acompañaran al puerto de Algeciras para formalizar una sanción administrativa.

Las fuentes del instituto armado recalcaron que en ningún momento se produjo detención alguna, sino que únicamente se les intervino la pesca y las cañas y se les denunció por una infracción administrativa.

Además, especifican que los dos tripulantes regresaron al puerto de Gibraltar en su propia embarcación, y que la Guardia Civil se puso en contacto telefónico con la policía de la colonia para informar de la actuación y de que los pescadores sancionados estaban regresando al dique gibraltareño.

La actuación ha provocado malestar en los gobiernos de Gibraltar y Reino Unido, que entienden que se ha producido una "incursión" en aguas territoriales británicas y que el modo de actuar supuso una "provocación".

La Guardia Civil ha defendido, no obstante, su procedimiento como el protocolo a seguir en un caso de infracción a la legislación pesquera, y que la actuación se produjo a ocho millas de la costa española, "en alta mar".

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